El abogado Pedro Ovelar, representante legal de la empresa cárnica, en entrevista con Radio Uno habló sobre el comunicado publicado hoy en los principales diarios impresos del país y reiteró el posicionamiento de la firma respecto al conflicto suscitado actualmente.

“Lo que más le interesa al Frigorífico Concepción es que se levante la prohibición de exportación, el daño más importante a esta unidad productiva es dicha prohibición. No se rehuye a la responsabilidad que se tenga a la importación de 3.600 toneladas sin permiso de SENACSA, se va a tener que responder por eso”, manifestó.

Ovelar atribuyó el origen del conflicto en sí a “un sector que no está de acuerdo en que se compita libremente en el mercado”, mencionando específicamente a la Asociación Rural del Paraguay (ARP). “La relación es muy estrecha entre esos gremios (ARP) y el sector público, eso se ve permanentemente en la Expo o en otro tipo de lanzamientos, eso es de conocimiento público”, mencionó a la 650 AM.

A su criterio, esas relaciones positivas crean una “sinergia importante” entre el sector privado y público, pero cuando esa influencia se utiliza “para hacer caer a un competidor o un productor” por el solo interés de que “no bajen los precios de mercado”, ahí sí es necesario “levantar la voz y reclamar” por la supuesta injusticia cometida.

Así también, afirmó que la carne importada desde Brasil no es de mala calidad como muchos dan a entender, sino que es un producto de primerísima calidad proveniente de un frigorífico habilitado para exportar a Paraguay y a otros países y con certificado de origen sanitario.

El representante legal del Frigorífico Concepción afirmó que se siguieron todos los procesos de manera adecuada, cumpliendo con los trámites de rigor exigidos tanto por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) como por Dirección Nacional Aduanas. También negó la falsificación de certificados sanitarios para ingresar la carne a nuestro país.

“Lo que se cuestiona es que el Frigorífico Concepción trabaja bien, accede a mercados en Brasil para comprar y eso es lo que no es aceptado por cierto sector, eso provoca esta situación”, manifestó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.