El documento en cuestión refiere que en el uso de la información por parte de las autoridades destinatarias, el país enfatizó que tanto el informe de inteligencia como el informe de inteligencia financiera revisten carácter reservado y por ello no pueden incorporarse al cuaderno de investigación fiscal ni expediente judicial.

Resalta que la información contenida en ellos debe ser incorporado por el Ministerio Público, obteniéndola mediante los mecanismos legalmente establecidos. Al respecto, manifestó que preocupa al equipo evaluador la filtración de reportes de inteligencia financiera diseminados por la Seprelad, en los cuales se han llegado a publicar en portales de internet, incluyendo páginas completas del informe de inteligencia financiera, y algunos medios han enunciado haber tenido acceso a estos informes llegando incluso a transcribir parte de ellos.

Ante esta situación, Gafilat recomendó incluso tomar las medidas pertinentes para llegar hasta los responsables de la “filtración”. En ese sentido recomendó robustecer e implementar los mecanismos utilizados para hacer seguimiento a la divulgación no autorizada de información diseminada de acuerdo con las guías y buenas prácticas emitidas por organismos en la materia.

“Implementar protocolos para el reporte de incidentes, y rendición de cuentas por parte de terceros en los episodios de fugas o filtraciones de información, o de la información de inteligencia diseminada por UIF-SEPRELAD de acuerdo con los documentos de mejores prácticas en el uso y protección de la información de las UIF”, refiere el documento.

LOS ANTECEDENTES

Una documentación reservada sobre las empresas del Grupo Cartes se filtró desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a medios de comunicación oficialistas como los grupos Zuccolillo y Vierci. El informe confidencial de 43 páginas no contenía elementos nuevos, sino que era fragmentos del informe de Arnaldo Giuzzio ante el Congreso Nacional.

En el “mamotreto” de la Seprelad se hacía alusión a un supuesto esquema de lavado de dinero y hechos ilícitos dentro del Grupo Cartes, salpicando al expresidente de la República, Horacio Cartes, a quien pretenden anular políticamente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.