La ley de la Función Pública, en su artículo 60, inciso i) establece como falta grave “ejecutar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo su representación”.

Sin embargo, como funcionario permanente de la Cámara de Senadores, Casañas Levi representa en todas las acciones promovidas y en especial en el caso de la denuncia promovida contra los 25 senadores que aprobaron la enmienda. En ellas se presenta como abogado patrocinante, según constan en las diferentes publicaciones y escritos presentados ante la propia Corte Suprema de Justicia.

En su momento, el abogado fue denunciado por ser un supuesto planillero ya que figuraba como asesor de la comisión encargada de la reforma del sistema penal, pero no registraba marcación de asistencia. Asimismo el mencionado Casañas Levi fue cuestionado por los demás funcionarios ya que era el encargado de presentar sumarios administrativos.

En una sesión del Senado, el legislador José Manuel Bóbeda (Unace) denunció a José Casañas Levi, acusándolo de “perseguir” a los funcionarios. Lo calificó como un “funcionario anómalo por excelencia” que quiere “sangre”. El legislador incluso pidió que lo echen, por “inútil” y “deficiente”. Además, el abogado se habría excedido en sus atribuciones lo que causó la molestia de algunos senadores.

Cuando fue señalado sobre la irregularidad de sus actuaciones, Casañas Levi informó que solo asesora al presidente del Congreso, Robert Acevedo, en su carácter de integrante de la Dirección Jurídica de la Cámara Alta. “Yo solo patrocino al legislador, no como litigante sino como autoridad jurídica del Senado”, explicó el letrado.

Al ser consultado por HOY Digital, el abogado Casañas Levi dijo que su trabajo como director Jurídico de la Cámara Alta fue patrocinar al senador Robert Acevedo en su carácter de presidente del Senado. Expresó que según el manual de funciones del Congreso, la obligación principal es asesorar en cuestiones legales a la Presidencia y por supuesto a cualquier senador que pueda solicitar algún apoyo.

“No puede contradecir (la ley de la Función Pública) porque esa es la tarea que le cabe a cualquiera que ocupe ese cargo y al tener el presidente del Senado que concurrir al Ministerio Público para denunciar un hecho, en defensa de los intereses de la institución recurre al asesoramiento de la máxima autoridad jurídica del Senado, no puede ser contraria”, expresó.

Sobre las acusaciones de supuesto planillerismo, Casañas Levi mencionó que se basa en un informe elaborado por el Centro de Adiestramiento en Servicio para Funcionarios Públicos (CAES), de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), donde lo señalan como un funcionario “anómalo”.

Al respecto dijo que en ese momento él era contratado del Senado para trabajar como asesor de la Comisión de Reforma. “Las personas que hicieron esa revisión recorrieron las oficinas y preguntaron dónde yo hago oficina. En el informe pusieron que no sabían dónde yo trabajaba. Me iba a la Comisión de Reforma Penal, eso está todo registrado e incluso las sesiones están grabadas”, sostuvo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.