A través de un comunicado dado a conocer este lunes, unos 7 sindicatos de trabajadores de Itaipú Binacional expresaron su postura en relación al anuncio de descuentos salariales y tope a remuneraciones durante la actual Emergencia Sanitaria.

En tal sentido, sostienen que en todas las áreas y en especial los empleados del Área Técnica están garantizando el mantenimiento de las máquinas y la producción de energía eléctrica para el Paraguay y el Brasil, “colocando en riesgo sus propias vidas a fin de proveer este esencial servicio para atender la demanda de la ANDE”.

Asimismo, afirman que otros compañeros que se encuentran trabajando en dependencias como la Dirección Administrativa están en contacto directo con paraguayos “en cuarentena” en el Alto Paraná, garantizándoles alimentación e higiene en los locales habilitados. A su vez, los guardias, empleados del área de embalse, piscicultura, CIASI, vivero y otros “están en riesgo de contaminación”, de acuerdo al texto.

Igualmente, alegan que estaban en proceso de realizar una donación para contribuir a enfrentar la pandemia de COVID-19 pero que, al parecer, “no va a satisfacer a los políticos que solo encuentran el remedio al coronavirus pretendiendo rebajar los salarios de los trabajadores de Itaipú, planteando soluciones ilegales”.

“Tenemos que comunicar que, como sindicatos, no vamos a permitir la violación de nuestro Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo (CCCT), defendiendo los derechos genuinos de los trabajadores, recurriendo a todas las medidas legales que nos asisten”, expresa el documento.

De ser necesario, amenazan inclusive con “paralizar” la hidroeléctrica compartida con Brasil a raíz de su descontento por esta medida adoptada por el gobierno nacional. “En vista a que los políticos piensan que mantener y sostener la usina puede hacerlo cualquiera, si son tan valientes, por qué no se ofrecen solo para mirar una parada de máquina y sabrán lo importante que es un empleado”, continúa.

Bajo estos argumentos, los sindicalistas piden al director paraguayo de Itaipú, Ernst Bergen, que pueda reunirse “de manera urgente” con sus representantes a fin de “tratar esta indignante situación que afectará ilegalmente a todos los empleados de la entidad”.

El Gobierno Nacional dispuso que en los tres meses de esta emergencia ningún funcionario de las binacionales Itaipú y Yacyretá pueda ganar más que el presidente de la República, es decir, se estipula un tope de G. 37 millones.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.