Para la comisión, es urgente y necesaria la aprobación de este Proyecto de Ley, pues busca la trasparencia y seguridad de inversiones mediante la diversificación. “Lo que busca realmente la norma es establecer un control para evitar malos manejos administrativos y como ejemplo mencionamos la situación de la caja de la Itaipú Binacional (Cajubi) que hoy día posee un déficit de más de 550 millones de dólares, sin olvidar lo que nos cuesta a todos los ciudadanos paraguayos solventar a la caja de jubilados bancarios que desde el año 2008 al 2017 hemos subsidiado 17.8 millones de dólares”, reza el comunicado dado a conocer por el sindicato.

Tras analizar el planteamiento, dicha comisión directiva asegura que no es cierta la supuesta pérdida de autonomía de las cajas jubilatorias y en ese sentido dijo que ningún banco fue a la quiebra al crearse la Superintendencia de Bancos.

“Es importante aclarar además que la Superintendencia de Jubilaciones contará con un comité de inversiones, integrado por un representante de Hacienda, un representante del BCP, un representante del ministerio del Trabajo, un representante del CNV, por lo que no vemos inconvenientes y estamos convencidos que el temor existente es solo por desconocimiento de la normativa”, esgrimió la nucleación sindical.

Con esta norma los fondos previsionales tendrán que ser necesariamente diversificados evitando la concentración en un solo instrumento financiero, estableciéndose criterios básicos de calidad en esas inversiones para asegurar los fondos y sus ganancias (rentabilidad).

Actualmente el 75% de los fondos previsionales pertenecientes a la Caja Fiscal están estancados en el BCP que año a año pierden valor estos recursos debido a la inflación, en el IPS el 65% de los recursos de los aportantes están en CDA, en bancos privados pudiendo ganar mayor rentabilidad con otros instrumentos financieros y sobre todo disminuir el riesgo evitando que estén centralizados en uno solo instrumento financiero.

MANIFESTACIÓN EN LA ANDE

Otra situación se dio hoy frente a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), donde el Sindicato de Funcionarios de la ANDE (SITRANDE), en conjunto con trabajadores de la Municipalidad de Asunción y otros sindicatos, se manifiestaron en contra del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y fue remitido al Senado para su estudio.

El motivo principal por el que piden el rechazo de la propuesta es debido a que establece criterios para la utilización de fondos jubilatorios, como por ejemplo la inversión de obras y la compra de bonos.

Sin embargo, desde el Gobierno sostienen que la creación de la Superintendencia permitirá regular los fondos previsionales, además de generar mayor transparencia y diversificar los activos. Viento todo esto como algo sumamente positivo para el país.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.