El fiscal Ricardo Merlo, presidente de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, en entrevista con Radio Monumental señaló que la medida de fuerza es impulsada en razón de que ambas cámaras ya han aprobado el “Proyecto de Ampliación Presupuestaria para el Ministerio Público Ley Nº 6190/18”.

En dicho pedido se plantean algunas cuestiones que “son necesarias para el buen funcionamiento de la institución”, según expresó, asegurando que existen necesidades “que son de urgencia” y requieren de esta ampliación para contar con más recursos.

La medida de fuerza inicia este lunes 29 de octubre y se extenderá hasta el próximo viernes 2 de noviembre. La misma no afectará los servicios básicos ofrecidos a la ciudadanía, según informó el gremio de fiscales en un comunicado, aunque un importante número de funcionarios dejará de cumplir con sus labores diarias.

El cese de actividades es organizado por el “Frente Unido del Ministerio Público”, conformado por la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, la Asociación de Asistentes Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, la Asociación de Psicólogos Forenses, entre otros gremios y sindicatos de la citada institución.

En lo que respecta a los agentes fiscales, Merlo indicó que seguirán trabajando normalmente, asistiendo a las audiencias previstas y cumpliendo con sus demás tareas, aunque siempre apoyando esta reivindicación.

El agente fiscal indicó a la 1080 AM que se pidieron varias ampliaciones para asuntos importantes ante el Congreso, pero finalmente las cámaras de Diputados y Senadores priorizaron las cosas más urgentes “para que el Ministerio Público siga cumpliendo con sus funciones en forma eficiente”.

Desde este sector temen un eventual veto al proyecto por parte del presidente de la República Mario Abdo Benítez, sobre todo considerando el discurso que ha tenido el ministro de Hacienda, Benigno López, al asegurar que no se aprobará ningún pedido de ampliación presupuestaria o incremento en instituciones del Estado.

Por ello, instan al Poder Ejecutivo a aprobar la ampliación presupuestaria que había sido presentada por la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, a modo de cumplir las exigencias y permitir que la institución opere con normalidad en lo que resta del año.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.