A través de una nota dirigida al canciller Euclides Acevedo, el gremio señala que la designación de la abogada Zoraya Alas Candia no se enmarca en la Ley Diplomática, además la Cancillería cuenta con suficientes funcionarios capacitados para el servicio exterior.

La asociación manifiesta que “si bien esta designación se enmarca en lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 1335/99 del Servicio Diplomático y Consular, es preciso enfatizar que las designaciones de esta naturaleza, además de su carácter taxativamente excepcional y transitorio, no gozan de estabilidad funcionaria ni de una posible incorporación al Escalafón Diplomático y Consular”.

“La excepcionalidad de estas designaciones implica que necesariamente deben limitarse a los casos en que no existan suficientes funcionarios diplomáticos de carrera para cubrir los cargos presupuestados en la categoría respectiva o cuando, por circunstancias especiales, sea conveniente utilizar estos servicios. Ninguno de ambos supuestos se ajusta a la designación de la señora Alas Candia”, refiere.

La Adep señala que en la actualidad, el Ministerio de RR.EE. cuenta con funcionarios diplomáticos formados y de larga trayectoria y que pertenecen a la categoría asignada a la señora Alas Candia, por lo que no es justificable que el Ministerio privilegie a una persona ajena a la carrera diplomática y consular en el rango de Ministro en un organismo multilateral regional de suma importancia para el país y para la ejecución de su política exterior. “Este hecho vulnera, una vez más, el proceso de profesionalización del Servicio Diplomático y Consular”, agrega.

Indica además: “La ADEP favorece y apoya las políticas que promuevan la paridad de género en todos los espacios, en particular, en aquellos que permitan una mayor participación de las mujeres en la ejecución de la política exterior; sin embargo, considera que la designación de referencia no responde a este objetivo. Por ello, lamenta que la igualdad entre mujeres y hombres sea invocada en este caso”.

Respecto al cupo político, la Adep recuerda finalmente que el mencionado artículo 10 de la Ley 1335 establece un porcentaje máximo del 20% para este tipo de designaciones en el servicio exterior. “Cabe recordar que, desde enero de 2021 a la fecha, su administración ha designado a 11 personas fuera de los cuadros diplomáticos profesionales, en diferentes rangos y destinos, en detrimento de los ascensos, traslados y rotaciones de funcionarios de la carrera diplomática y consular”, indica el gremio.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.