Gladys Galeano, presidenta del Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (SIMUCA), se puso en contacto con nuestra redacción para realizar una denuncia sobre una supuesta irregularidad que se habría registrado esta mañana.

La misma indicó que personas sin identificación se acercaron hasta los centros municipales Nº 3 y Nº 6 para supuestamente tratar de instalar un software que sería utilizado para el sistema de gestión tributaria en el municipio capitalino.

Según denunció, las personas en cuestión serían empleados del consorcio TX Panamá, el cual había sido adjudicado hace unos meses para el cobro tercerizado de impuestos en Asunción, y acudieron con la intención de mostrar el funcionamiento del nuevo sistema a los funcionarios municipales.

Al momento de presentarse a los citados locales, no contaban con ningún carnet de identificación ni tampoco con una orden o autorización por escrito que les permita realizar el trabajo, refirió Galeano.

La sindicalista recordó que una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia había suspendido la entrada en vigencia del sistema de gestión tributaria de la Municipalidad de Asunción en el mes de septiembre, dictamen que a la fecha aún sigue vigente.

Así también, cuestionó el hecho de que no se haya dado un aviso o notificación a los funcionarios municipales sobre la visita de esta mañana, además de no existir un comunicado oficial emanado por la administración del intendente Mario Ferreiro.

“Cualquiera puede hacerse pasar por empleado de la empresa TX para hackear las computadoras de la municipalidad”, señaló Galeano durante el contacto con HOY.

Cabe recordar que la Municipalidad de Asunción había suscrito un contrato de tercerización del cobro de impuestos con el consorcio conformado por el Grupo TX y Gaudí S.A. para encargar la gestión tributaria de unos 460.000 contribuyentes capitalinos. Dicho consorcio se llevaría el 22,7% de lo que se ingrese a las arcas comunales, teniendo un contrato de 10 años.

VERSIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Rubén Acevedo, director ejecutivo del Proyecto de Gestión Tributaria de la Municipalidad de Asunción, confirmó a nuestra redacción que hasta el momento no recibió ninguna información respecto al hecho denunciado.

Asimismo, indicó que ahora mismo se encuentran abocados netamente a todo lo que implica la capacitación de los funcionarios municipales sobre este sistema, a fin de que los mismos logren comprender el proceso y cómo va a desarrollarse el proyecto.

De momento, no se está realizando ninguna instalación de software o trabajo similar por parte del municipio capitalino o del consorcio TX Panamá, indicó Acevedo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.