“Nosotros simplemente pedimos informe sobre el marco legal, para hacer trabajos de persuasión a los limpiavidrios”, explicó Buongermini. La solicitud la hizo conjuntamente con su par, concejal Federico Franco Troche, durante la sesión ordinaria de la víspera.

El edil de Avanza País indicó que no es atribución de la Junta Municipal controlar el cumplimiento de una ordenanza. Menos debe destinar funcionarios para la fiscalización, agregó en conversación con radio UNO.

“Como bancada oficialista nos preocupa que el Legislativo se vaya arrogando cada vez más prerrogativas que corresponden al Ejecutivo municipal y que tengamos una suerte de dos municipios en Asunción”, expresó.

“Además de quebrantar principios constitucionales básicos, se está desperdiciado recursos humanos que tendrían que estar abocados a la labor legislativa. Existen funcionarios con competencia legal y que son remunerados, pagados, para hacer el control”, acotó.

Buongermini manifestó que el área social de la Comuna es el que debe encargarse de persuadir a los trabajadores informales y alejarlos de las calles. Sin embargo, sostuvo que esta no es la solución definitiva y mencionó que la Intendencia lanzó un programa integral para los limpiavidrios.

“Desde el inicio sostuvimos que no vamos a solucionar atacando las consecuencias sino las causas. Podemos tener éxito relativo pero que a la vez va a ser irrisorio, los limpiavidrios van a cambiar de rubro y van a empezar a ser malabaristas, la gente va a seguir con los mismos problemas de mendicidad”, sentenció.

PALO A LA RUEDA

Los concejales asuncenos del equipo político del intendente Mario Ferreiro colocaron un “palo a la rueda” del edil Dani Centurión, al denunciar que los funcionarios de la Junta Municipal cometían una irregularidad al realizar trabajos que atañen a la Intendencia.

El edil Dani Centurión detalló que sus colegas, “mediante una minuta, denuncian que los funcionarios de la Junta hacen trabajos que corresponden a la Municipalidad”, al ir a pedir a los limpiavidrios que dejen esa actividad.

“Al final la gente se queja de que los funcionarios trabajen, siendo que el problema era la ociosidad. Estos funcionarios que están trabajando al final fueron denunciados por trabajar”, lamentó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.