Carmen Pereira, viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), indicó que julio es un “mes clave” tanto para la institución como para el país.

En esa línea, aseguró que están con “optimismo a flor de piel” respecto a los resultados de la evaluación de Gafilat, mencionando que Paraguay podría destacarse en el informe final de evaluación mutua.

“Presentamos un país totalmente distinto a la tercera jornada de evaluaciones de cara a cumplir con todos los estándares”, expresó en diálogo con la 730 AM.

La viceministra reiteró que están confiados en que el esfuerzo que se ha realizado durante este tiempo, ratifique el compromiso de Paraguay de estar a la altura de los estándares internacionales y la seguridad de toda una economía regional y mundial.

En relación a los plazos, detalló que el 30 de julio termina de sesionar el pleno de Gafilat, el organismo que aprobará el informe de evaluación mutua de Paraguay. Posteriormente correrán otros procesos, denominados calidad y consistencia, y para el efecto, los documentos irán hasta París, donde el Grupo de Acción Financiera Mundial (GAFI) revisará nuevamente el documento y, finalmente, autorizará la publicación de su contenido.

“Tenemos que pasar todos esos trámites y hasta ese momento estamos a la espera de lo que Gafilat y GAFI nos apruebe comentar, pero sí vamos a poder ir contando el aspecto positivo, algunos que otros desafíos, hasta que todos puedan ver desde la página oficial de estos organismos el informe publicado”, manifestó.

A su vez, recalcó que en septiembre se tendrá el informe oficial de Gafilat, no obstante, antes de ese mes, el organismo ya suele emitir un pre-comunicado que, según dijo, es prácticamente el anticipo del resultado final, acotando que ‘generalmente ya es bastante reflectiva de la situación, lo que permite verificar algunos hechos que la prensa quiera conocer para ir hablando’.

Asimismo, Pereira admitió que se trata de pasos controvertidos hasta el final, situación que los obliga a ceñirse a las indicaciones del organismo internacional. Si bien reconoció que hay muchos desafíos a los que debe abocarse el país, también habló de significativos avances en materia de estructura normativa, que necesariamente requiere de una atenta mirada respecto a la eficiencia y efectividad del sistema.

“Es una lucha que se está dando en toda la región y todos debemos ser partícipes para ir mejorando en ese aspecto”, subrayó finalmente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.