La fiscal Ana Girala, quien lleva adelante la investigación del caso del chico que fue agredido por su niñera y fue filmado por las cámaras que instalaron sus padres en la casa, dijo que ya se presentó el acta de imputación en contra de la mujer, por el hecho punible de lesión grave en grado de tentativa y hurto agravado.

La representante del Ministerio Público explicó que la mujer se expone hasta 5 años de prisión por el hecho de lesión grave y por el hurto agravado, 10 años.

La mujer, de nombre Juana Mabel Ranoni Leguizamón, de 26 años, se encuentra recluida en la Comisaría 1ra tras ser detenida ayer en San Lorenzo, hasta que el Juzgado disponga su traslado a la Penitenciaria del Buen Pastor.

Girala indicó que con las primeras filmaciones se pudo observar los maltratos a los que sometía al niño de casi 2 años. Pero, al realizar una revisión a profundidad, se constató que la mujer también hurtaba objetos de la vivienda, se ponía las prendas de la madre y hasta se acostaba en la cama de la pareja hacer ‘actos inapropiados’ (masturbación).

Con estos nuevos hechos, el Ministerio Público tratará de determinar, si es que estos actos la mujer los realizaba en presencia de los niños. Siendo que además del chico de casi 2 años, también tenía a su cargo el cuidado de su hermana de 9 años, la que también mencionó haber sido víctima de maltratos verbales por parte de la niñera.

La fiscal comentó además, que la mujer ganaba G. 1.000.000 semanal (G. 4.000.000 mensual), exclusivamente por el cuidado de los dos menores, ya que otra persona se encargaba de las cuestiones del hogar.

La mujer trabajaba en la vivienda desde hace 9 meses, pero algunos comportamientos extraños del niño maltratado, hicieron a que los padres instalen cámaras para verificar lo que estaba en ocurriendo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.