Detrás del principal interés que tuvo el gobierno de Mario Abdo Benítez en la construc­ción de asfaltado llegando a un poco más de 4 mil kilóme­tros de pavimentación, hay otro que fue muy favorecido: el interés de su empresa que vende asfalto a las contra­tistas del Estado. Es así que el incremento de ganancias que experimentó la distri­buidora de asfalto durante su presidencia fue monumen­tal comparado a las utilida­des netas anuales que regis­traba cuando Abdo iniciaba sus funciones en cargos elec­tivos, como fue su periodo de senador de la República.

Documentos proporcionados por el Ministerio de Econo­mía y Finanzas revelan el incremento de ganancias netas de Aldia SA, empresa de asfalto en la que Abdo Benítez tiene el 87,50 % de las acciones llegó hasta un 6.110 % durante sus años de presidencia. Esto en compa­ración al lucro que mantenía la firma hasta el primer año de su periodo parlamentario (2014) (ver infografía).

La rentabilidad neta de Aldia era de unos G. 1.800 millo­nes al año, en el 2014, cuando Abdo Benítez cumplía su primer año como senador, la empresa incluso registró una leve reducción en sus utilidades del 17,25 %, dis­minuyendo a G. 1.492 millo­nes. Sin embargo, durante sus años de parlamentario la distribuidora fue experimentando ganancias que superaban ampliamente el volumen de facturación que tenía hasta el 2014, fue dis­parando lucro neto anuales hasta tener un pico en uti­lidades en su periodo pre­sidencial con incremento de hasta 6.110 % como fue en el año 2021, ejercicio en el que consignó utilidades netas de G. 92.647 millones, en plena crisis económica tiempo en el que se veía cerrar muchas compañías.

En las actas de asamblea remitidas al ex-Ministerio de Hacienda, hoy Ministe­rio de Economía y Finan­zas, aparecen utilidades netas de Aldia que se dis­paran año a año de manera extraordinaria. La suma de ganancias de la empresa de asfalto cuando Abdo fue presidente de la Repú­blica asciende a G. 175.268 millones, esta cifra equi­vale a un aumento en uti­lidades del 800 % compa­rado a las acumuladas en sus años de senador que fue de G. 19.480 millones. Estos montos no apare­cen en la última declara­ción jurada presentada por el exmandatario al dejar el cargo, se observa el cobro de dividendos mensua­les no especificados de G. 338.978.534 que en un año suma G. 4.067 millones.

Cabe remarcar que en los dos años de fuerte crisis sanitaria y económica por la pandemia del covid-19 (2020/2021), fueron perio­dos en los que la empresa del expresidente duplicó ganancias. En este con­texto de bonanza para esta firma, no son menos rele­vantes las disposiciones de cuarentena, aislamiento, la firma del decreto número 3456/2020 para la aplicación de medidas sanitarias que obligó a muchas empresas a dis­minuir producción, ganan­cias y cantidad de emplea­dos, mientras que este decreto exceptuaba a las obras públicas del régimen establecido por la pande­mia favoreciendo al rubro de negocios de Abdo.

A medida que el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) licitaba rutas y hablaba de impacto económico para todo el territorio nacional, también impactaba detrás a la distribuidora de asfalto de Abdo Benítez que vende este insumo a las contratis­tas del Estado.

Los documentos consig­nan cifras de ganancias netas multimillonarias de la compañía de Abdo Bení­tez mientras este llevaba el timón de la República, mientras que el artículo 237 de la Carta Magna habla de las incompati­bilidades en el ejercicio de las funciones del pre­sidente y vicepresidente, y cita que no pueden ejer­cer cargos públicos o pri­vados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones. Tampoco pueden ejercer el comer­cio, la industria o activi­dad profesional alguna, debiendo dedicarse en exclusividad a sus funcio­nes; sin embargo, Mario Abdo se valió de su hijo Mario Abdo Díaz Benza en el negocio y lo puso como representante legal de Aldia.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.