Kattya González, Édgar Acosta, Pastor Vera Bejarano son los diputados que presentaron el proyecto de ley que establece la incorporación al Presupuesto General de la Nación, de los recursos asignados a las binacionales itaipú y Yacyretá a los gastos sociales.

“Entendemos que tanto Itaipú como Yacyretá no pueden ser un estado dentro del estado, independientemente a su condición de binacional, no podemos seguir utilizando los fondos generan sin ningún filtro de control”, explicó la diputada Kattya González.

El planteamiento estipula que los recursos que ambas hidroeléctricas disponen para proyectos sociales, sean derivados exclusivamente a las áreas de salud y de educación.

En tal sentido, la legisladora reconoció que existen emprendimientos dignos de destacar en las binacionales, no obstante, opinó que sería mucho más interesante ubicar el dinero dentro del plan de gastos para garantizar el uso correcto del mismo.

“Poner sobre la mesa algo que históricamente fue manejado como una caja chica de los gobiernos de turno, que podían gastar literalmente en lo que querían”, afirmó González.

Respecto a las posibles trabas a este proyecto aclaró que si bien los tratados son acuerdos que se generan sobre la base de la distribución de lo que produce una binacional, esto no implica una dependencia a la hora de administrar los fondos.

Aseguró que en ningún punto se indica que estos recursos solamente sean manejados vía Dirección General. “Esto es una falacia”, sentenció y agregó que existe un ordenamiento jurídico y una Constitución Nacional que están por encima de cualquier decisión internacional.

El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, explicó los alcances del acuerdo con Brasil, publicado y puesto a la vista de todos, precisamente para evitar confusiones.

“El acuerdo que se firmó con Brasil es que Paraguay puede vender energía, punto. Dice el acuerdo de forma inmediata energía del Paraguay. No existe energía de Itaipú, de Yacyretá o de Acaray, existe energía paraguaya”, aclaró el titular del MIC, en una entrevista con la emisora 730 AM

El siguiente paso está en campo de la ANDE, que deberá elaborar su pliego de bases y condiciones, publicarlo y obtener el permiso del Ministerio de Minas y Energías del Brasil para realizar sus operaciones comerciales.

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Las opciones son dos. Vender directamente a las distribuidoras brasileñas o bien constituir una filial de la ANDE en Brasil para poder vender a su equivalente en ese país, anteriormente Eletrobras.

“Para mí, lo mejor es que la ANDE haga una licitación y que nos paguen directo a la ANDE lo vendido a las distribuidoras”, opinó Giménez.

A criterio del ministro, estos trámites administrativos, que pueden parecer difíciles, en realidad no son la preocupación principal, sino, antes bien, la estrategia para atraer a los compradores de energía.

En un hito histórico para los derechos humanos y la justicia social, representantes de diversas instituciones del Estado paraguayo llevaron a cabo esta semana una visita al Chaco para dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de cuatro comunidades indígenas asentadas en el departamento de Presidente Hayes.

En este contexto, Yudith Rolón, Directora de Derechos Humanos del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), destacó la importancia de esta visita interinstitucional, organizada y coordinada por el Consejo Asesor Consultivo de la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de las Sentencias y otros compromisos Internacionales en materia de derechos humanos (CICSI), encabezado por el vicepresidente Pedro Alliana, como un paso crucial para cumplir con las medidas ordenadas por la Corte Interamericana.

“La visita interinstitucional realizada, organizada y coordinada por el CICSI, yo creo que desde el punto de vista del INDI ha sido sumamente importante, porque bajamos con toda la supervisión de todas las medidas de la sentencia de la Corte Interamericana a las comunidades como Sawhoyamaxa y Yakye Axa, de poder hacer una evaluación e ir midiendo hasta donde se han cumplido las medidas de la Corte Interamericana, como así también del proceso abierto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la comunidad Kelyenmagategma”.

Rolón señaló la urgencia de completar estas medidas, que abarcan desde la restitución de tierras hasta la provisión de servicios básicos para una vida digna en estas comunidades. “Entonces, estos dos días intensos que hemos tenido de la visita, y sobre todo de escucharle a los líderes, a los miembros de la comunidad, con todas las instituciones haciendo un descargo. Sobre todo, el gran desafío que significa ir cumpliendo a cabalidad todas las medidas, ha sido sumamente interesante”.

Las obras de infraestructura y las acciones gubernamentales ya en marcha fueron resaltadas durante la visita. “También se resaltaron muchos compromisos que por parte del Estado ya se ha hecho, como la adquisición de tierras. Falta formalizar, eso sí, ya para la restitución formal a nombre de la comunidad”.

Todas estas acciones se llevaron a cabo en el departamento de Presidente Hayes, aproximadamente en el km. 350 de la ruta Concepción – Pozo Colorado, donde las autoridades del Estado han trabajado incansablemente para garantizar el pleno respeto de los derechos y la dignidad de estas comunidades indígenas.

Esta iniciativa conjunta entre instituciones estatales y líderes indígenas marca un hito en el compromiso del Estado paraguayo con los derechos humanos y el bienestar de sus ciudadanos indígenas, subrayando la importancia de trabajar en colaboración para abordar las necesidades más apremiantes de estas comunidades.

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Con el objetivo de atacar a las estructuras criminales, que durante años establecieron y acrecentaron sus operaciones de producción y acopio de marihuana en bosques que forman parte del Parque Nacional Caazapá, un contingente operativo de la SENAD desarrolló dos fases de incursiones que permitieron ocasionar golpes significativos contra el narcotráfico.

Las fuerzas antidrogas detectaron y destruyeron 53 campamentos narcos, dentro de los cuales localizaron un total de 145.300 kilogramos de marihuana lista. Así también, procedieron a la erradicación de 111 hectáreas de cultivos de cannabis.

Las intervenciones generaron fuerte impacto contra las organizaciones criminales, dejando fuera de circulación aproximadamente 478 toneladas de marihuana del mercado regional. Ello representa un lucro cesante a los financistas del narcotráfico de unos 14 millones de dólares.

Además de afectar a las organizaciones criminales, la Operación “FRENTE SUR” apunta a frenar la deforestación producida por las mismas, puesto que para el establecimiento de las parcelas ilícitas depredan grandes superficies de bosques nativos.

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