El ex viceministro de Economìa, Manuel Alarcón, evaluó el escenario de la economía al cierre de este año, y a 4 meses de la asunciòn del gobierno de Santiago Peña.

“El 2023 claramente es un año positivo con relación al año 2022. Tuvimos una zafra muy buena en el sector agrícola en donde de la mano de la soja y la producción de energìa, la economía está repuntando”, señala el mismo en entrevista en el programa A Fuego Cruzado, emitido por el canal GEN.

Si bien apunta que en aspectos importantes como el de la construcción se verificò bajas en cuanto a las expectativas, remarcò que la perspectiva de nuevo siguen en la línea de optimismo.

“Tampoco ha crecido  tanto el sector construcción, que  empezó bien pero lastimosamente cierra un año bastante complicado. Hay desafíos importantes que vienen de la mano del nuevo gobierno que tiene que dar  señales apropiadas para que en el año 2024 efectivamente se esté materializando mucho de los proyectos que se quieren llevar adelante”, afirmò.

Alarcòn puso énfasis en el desafío de que el gran peso que significa el hecho de la economía que  sigue dependiendo en alto graso de la soja (y otros rubros agrìcoas) como gran generadora de riqueza, lo cual determina alta concentración.

 “Está muy concentrados en el sector soja, el complejo está muy automatizado,  con mucha tecnología.  Hay algunos problemas estructural de la economía paraguaya, y esto no es ninguna novedad.  Hay que seguir trabajando en todos aquellos motores de la economía para que no sean tan dependientes. Eso es un tema interesante a tratar y a tenerlo siempre en la agenda”, agregó.

El ex viceministro manifestó que concomitante a esos inconvenientes estructurales, surge el tema del empleo, como una cuestión clave a ser abordado.

“Lastimosamente el escenario no ha cambiado mucho.  Venimos saliendo de  una pandemia, eso afectó negativamente a la creación de puestos de trabajo dignos.  Entonces sigue teniendo un gran problema el sector laboral”, añadió.

En el relevamiento de aspectos de la economía,  mencionò el relacionado al no cumplimiento, desde su establecimiento, de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

“Hay que dar señales de mediano y largo plazo. Y un aspecto importante es que  está fallando la aplicación de la ley de responsabilidad fiscal. En 2024 hay que trabajar mucho en materia del reordenamiento de los gastos corrientes y obviamente el no incremento salarial”, reseñò.

“En la medida en que adoptemos las medidas apropiadas de protección social, vamos generando un entorno favorable para tender hacia aquello en que los anuncios realizados se cumplan.  Vamos a ver una eficacia en las medidas de política pública”, acotò.

Al enfocar el tema de la vivienda, dijo que es un dispaarador no solo apuntando a las carencias habitacionales, sino también por la capacidad de generar empleos.

“Es relevante por su efecto dinamizador de mano de obra. Entonces eso es lo fundamental en la medida en que las personas estén con un ingreso permanente, eso se traduce en mayor consumo y se genera toda la dinámica para un mayor crecimiento económico”, dijo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.