Durante su visita al Congreso, a donde fue para participar de la reunión convocada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tras el secuestro y asesinato del joven Jorge Ríos a manos de los criminales del norte, el ministro Arnaldo Giuzzio comentó a la prensa que los 14 millones de dólares que tiene como presupuesto al año la Fuerza de Tarea Conjunta se quedan cortos ante lo que en realidad se necesita.

Según Giuzzio, falta mayor tecnología para combatir a los grupos criminales y para eso se requiere de más recursos presupuestarios. “Todos los recursos están destinados con mucha prioridad para salud. El plan de seguridad y defensa que presentamos al presidente eso necesitaría 120, 130 millones de dólares”, indicó.

La autoridad comentó que actualmente hace falta comprar escáneres para puertos privados, aviones tucano, drones, tecnología de localización, entre otros aparatos, para poder hacer un control por aire, tierra y agua, de modo a tener los resultados esperados en el combate contra el crimen organizado y los criminales del norte.

Justificó que la Fuerza de Tarea Conjunta tiene una amplia tarea y ayuda a otros organismos de seguridad. “Uno de los objetivos de la FTC es el EPP, pero también tiene otras acciones, como ser el brazo armado de la Senad en esa zona, usando sus herramientas tecnólogas y helicópteros para la incautación de drogas. Para la Senad es importante que esté instalado allí por el tiempo de acción, ya que no es lo mismo llevar un equipo de Asunción que tener ya uno en Concepción”, dijo.

PARAGUAY NO PUEDE PERDER SU SOBERANÍA

Sobre por qué Paraguay no quiere aceptar la ayuda de otros organismos internacionales para acabar con el EPP, dijo que “no es que no aceptamos la ayuda internacional, simplemente no hay. Hay que aclarar que nosotros podemos recibir medicamentos y vacunas como donación pero no podemos hipotecar nuestra soberanía y seguridad, eso es muy importante. Si son proyectiles y municiones es otra cosa”.

Consultado sobre el motivo por el cual en el secuestro de Jorge Ríos no se desplegó el mismo operativo cuando ocurrió el plagio de Óscar Denis, respondió que el viernes pasado, antes de saber el desenlace fatal, él estuvo en la zona recorriendo. No obstante, remarcó que la ida de las autoridades al norte del país no condiciona la liberación de un secuestrado. “Que vaya el ministro, presidente y vicepresidente no va a modificar nada”, dijo.

SU RENUNCIA Y LA PENA DE MUERTE

Por otra parte alegó que los políticos tienen el derecho de pedir su renuncia al cargo, pero que desea saber sus argumentos para ello. “Tienen que consultarme nomás y quiero saber un poquito por qué. Porque si es en relación a la FTC, el Ministerio del Interior no está en la línea de comando directo, sí sugiere y propone”, añadió.

Por último pidió prudencia ante el proyecto de enmienda constitucional que plantea el diputado liberal Edgar Ortiz para implementar la pena de muerte a los secuestratores, abusadores y feminicidas. “Epa, no, hay que ser muy cuidadosos con el tema. Nosotros somos signatarios del Convenio de San José, no podemos asumir así una posición, se puede plantear lo que sea, pero que se acepte…”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.