Por Rossana Escobar M.

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El ex ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Interior Arnaldo Giuzzio, que calzó como un dispara­dor de la campaña proseli­tista oficialista, valiéndose de algunas instituciones e intentando prender fuego a las que no se alinean a sus objetivos, como el Ministe­rio Público, al que busca des­cabezar precisamente desde meses previos en que se acti­varan varios operativos anti­drogas, frecuenta la institu­ción antinarcóticos como si fuera un funcionario en cum­plimiento de sus labores.

Aprovechándose del benefi­cio que le otorga la Ley 6667 que rige para los ex altos fun­cionarios de la Senad de con­tar con custodia hasta dos años después de haber dejado la institución, Giuzzio se pasea por las oficinas del ente, pese a que precisamente fue destituido del cargo público por sus vinculaciones con Marcus Vinicius Espíndola, presunto narcotraficante de gran interés del Brasil.

Investigaciones realizadas por nuestro equipo consta­taron que el defenestrado Giuzzio va cuando quiere, entra y sale frecuentemente de las instalaciones de la Senad con todas las prerro­gativas de cualquier máxima autoridad, en este caso, igual a las de la ministra Zully Rolón.

El ex ministro tiene a dis­posición dos camionetas del Estado, cobertura de guar­dia permanente. Uno de los móviles es una camioneta Toyota Prado color plata, pro­piedad de la Senad, y la otra es una Land Cruiser del Minis­terio del Interior.

En la Toyota Prado de la Senad frecuenta esta insti­tución y por los anteceden­tes de conexión con presunto capo narco, sus visitas alerta­ron para que fuentes provean la información.

¿Por qué un ex ministro des­tituido por sus vínculos con el narcotráfico y que se dedicó en los últimos tiempos a cam­pañas mediáticas para des­viar el problema de seguridad sigue ingresando a la Senad?, es una pregunta cuya respuesta capaz guarde relación con los últimos ataques políticos que viene realizando a través de la prensa oficialista, utilizando información reservada con­forme a sus intereses.

La ministra de la Senad, Zully Rolón, ensayó una versión muy poco convincente sobre las “visitas” de Giuzzio a su institución.

Al parecer, leal al ex funcio­nario que le cedió el puesto, la secretaria de Estado argu­mentó que en el contexto de la cobertura de seguridad que tiene el ex ministro se toma la molestia de llevar hasta la Senad la camioneta para el mantenimiento de la misma. “Él viene, en ese contexto, a dejar su vehículo para su man­tenimiento correspondiente, porque eso sí es nuestra res­ponsabilidad y seguramente que al dejar se le ve, pero él no hace oficina acá, yo, para ser sincera, en una oportunidad conversé con él encontrándole por el patio, le invité a pasar y fue nada más que eso”, sos­tuvo Rolón.

Llama la atención que, para el servicio de mantenimiento, Giuzzio traslade el vehículo hasta la Senad y no hasta un taller. Consultada si esta tarea no le corresponde al chofer asignado, Rolón manifestó: “Pero nosotros no le pode­mos negar la entrada a nadie a la institución, yo creo que él de paso suele hacer eso. Pero yo desconozco porque él trata con la dirección de servicios gene­rales y también con la direc­ción administrativa”.

Cabe recordar que Giuzzio fue destituido el 22 de febrero pasado tras haberse conocido el favor recibido por parte de Marqués de Padua, quien le había prestado un vehículo al ex ministro para vacacio­nar junto con su familia en el Brasil. Además, se supo mediante investigación periodística que el supuesto narco venía reuniéndose con Giuzzio para hacer negocios con el Estado, en carácter de proveedor de equipos de blindajes y chalecos anti­balas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

Según Rolón, Giuzzio apenas fue dos a tres veces en este tiempo a la Senad; si toma­mos lo dicho por la ministra, el vehículo que le dieron a su antecesor es bastante proble­mático ya que en menos de tres meses fue varias veces “por mantenimiento” a la ins­titución.

Juan Manuel Jara, conocido como “JJ”, aunque varios quienes trabajaron con él lo llaman “Pepino”, es un incon­dicional a Giuzzio y a quien este nombró director de inte­ligencia de la Senad durante su administración.

Al asumir como ministro del Interior, Giuzzio llevó a su leal “JJ” a esta institución donde todavía ocupa un puesto y desde donde opera para man­tener informado a su padrino político. Fuentes muy fidedig­nas incluso alertan que “JJ” está en un fuerte operativo de presión a funcionarios de inteligencia de la Senad sobre datos estadísticos para gene­rar otro ataque político, a través de la prensa amiga con información sesgada como la trascendida recientemente desde la Seprelad.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.