Cayó por vinculaciones narco al descubrirse que recibió favores de presunto narcotraficante, uno de los más buscados por el Brasil, pero a pesar de esto, se puede decir que el ex ministro de la Secretaría Nacional Anti­drogas (Senad) y del Interior Arnaldo Giuzzio sigue mane­jando unidades de inteligen­cia de investigaciones contra actividades criminales, en las que se incluyen precisamente operaciones antinarcóticas.

En estos días reconfirmamos que Giuzzio frecuenta la Senad y se pasea por la institución como si fuera un funcionario en cumplimiento de sus obli­gaciones.

Arnaldo Giuzzio, exminstro del Interior.

Aprovechando el beneficio que le otorga la Ley 6667 que rige para los ex altos funcionarios de la entidad antinarcótica de contar con servicio de seguri­dad hasta dos años después de haber dejado el cargo, abusa de su privilegio para seguir hus­meando en la Senad, además de otras oficinas de inteligen­cia del Estado donde tiene infil­trado a un personaje clave en las pesquisas al crimen orga­nizado, cuando precisamente el mismo fue destituido por su vínculo con Marcus Vini­cius Espíndola, uno de los pre­suntos capos narcos de mayor interés del Brasil.

Giuzzio se había ido de vacacio­nes junto con su familia en un vehículo que le prestó Espín­dola, sindicado narco a quien el ex ministro casi lo metió como proveedor en su ministerio.

Juan Jara, leal de Giuzzio

Detrás del destape de las visitas frecuentes de Giuzzio a la Senad surgieron otros datos que com­prometen la actividad de más instituciones. Hace exacta­mente una semana, se lo vio también marcando presencia en la Dirección de Inteligencia del Palacio de Gobierno, acom­pañado de Juan Manuel “JJ” Jara, alias Pepino, incondicio­nal del ex ministro que quedó clavado en un puesto dentro del Ministerio del Interior creado exclusivamente para él.

“JJ” fue director de inteligen­cia de la Senad en los tiempos de Giuzzio y a quien este creó la “Coordinación General con Organismos de Inteligencia” en el Ministerio del Interior al asumir como ministro. Es así como, el incondicional se ubicó de intermediario entre las direcciones de Inteligencia y del Centro de Investigacio­nes contra Actividades Crimi­nales (CIAC), accediendo de manera directa a informacio­nes concernientes a las pes­quisas delictivas, al crimen organizado y a narcotrafi­cantes.

Por su cargo, a “JJ” se lo ve par­ticipar en reuniones de élite donde se tratan temas muy delicados de seguridad, estra­tegias, convenios y programas transnacionales contra la delincuencia organizada. Este nexo es perfectamente redu­cible a una fuente de informa­ción privilegiada y reservada, más aún para una persona que recibió favores de implicado en narcotráfico al que puede interesar datos provenientes del Estado.

Resolución mediante la cual Arnaldo Giuzzio creó la “Coordinación de Inteligencia”, donde sigue atornillado Juan Manuel “JJ” Jara, alias Pepino.

No hay que olvidar además los antecedentes de “negligencia” que salpicaron a la Senad en tiempos que se venían traba­jando operativos antinarcóti­cos y cuando Giuzzio estaba al frente de esta institución junto con “JJ” como director de Inte­ligencia. El boicot al operativo Araí I es un ejemplo, un tra­bajo que llevó más de 4 años tuvo que frenarse en el 2020 al descubrirse que se filtraron informaciones concernien­tes a las escuchas telefóni­cas. Hasta hoy no hay ningún sumario sobre el caso, denun­ciaban colegas como el comu­nicador Alfredo Guachiré en redes sociales.

Los antecedentes, malos procedimientos y hasta favo­res narcos que afectan al ex ministro Giuzzio, bien pueden indicar el riesgo que corren las instituciones de combate al crimen organizado con la presencia e infiltración de sus leales. Por algo en el ministe­rio del Interior como la pro­pia ministra de la Senad, Zully Rolón trataron de dar versiones que no dejen muy en evidencia las andanzas de Giuzzio ni de su incondicional.

La ministra de la Senad quiso alivianar la gravedad de las visitas de Giuzzio a su institu­ción alegando que es solo para acercar el vehículo de su uso al mantenimiento. Mientras que, en el Ministerio del Inte­rior nos costó obtener informa­ción sobre el cargo que ocupa “JJ”; después de muchas con­sultas a prensa y protocolo, nos confirmaron que es el coordi­nador de inteligencia de esta cartera.

Residencia de “JJ” en la ciudad de San Antonio, que declaró en G. 900 millones, refleja un importante nivel de vida.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.