Rossana Escobar, jefa de investigación del Grupo Nación Media, indicó al canal GEN / Nación Media que hace un mes tomó estado público el plan del Ministerio de Obras, a través del Viceministerio de Transporte, para instalar paradas de colectivos y para lo cual destinará la suma de 12 millones de dólares.

“Le llaman la modernización de las paradas de buses y de seguridad pero que ni la propia Policía tiene previsto eso. Es monumental esta licitación y prevé instalar cuatro cámaras en los buses, siendo que la mayoría ya cuenta con este sistema de seguridad”, sostuvo sobre algunos de los alcances de la propuesta del Ejecutivo.

La investigadora señaló que al hacerse la pregunta de dónde saldría la plata para solventar este plan, pudo corroborar que el Gobierno aún no cuenta con la fuente de financiamiento de su proyecto de oro. “Estos 12 millones están formando fila dentro del paquete grande de deudas para honrar las deudas con las constructoras”, reveló.

Es sabido que el foco principal de este Gobierno son las rutas y que el presidente Mario Abdo posee justamente una empresa de asfalto, según resaltó Escobar durante la entrevista.

MÁS DATOS DE LA LICITACIÓN DE LUJO

A menos de una semana para la apertura de ofertas para la megalicitación de las “paradas de oro” del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) aún no se sabe de dónde saldrán los US$ 12 millones que costará la construcción de las mismas y en las que se tienen previstas alta dotación de tecnología.

Sin embargo, en documentos adjuntos al llamado se puede ver que este proyecto forma fila en el paquete del préstamo internacional de US$ 100 millones, pendiente de aprobación en el Congreso y todo apunta que será otra obra a costa del endeudamiento del país.

“El mismo se encuentra previsto dentro del listado de proyectos de inversión y programas a ser financiado con un préstamo de apoyo basado en políticas (PBL) en preparación con el Banco de Desarrollo de América Latina, por un monto total de hasta US$ 100 millones a cargo del Ministerio de Hacienda en el marco del “Programa de apoyo al fortalecimiento de la política fiscal y mejora del gasto público”, dice el informe presupuestario presentado para esta licitación, cuestionada desde sus inicios.

Vale recordar que dicho llamado generó suspicacias desde su anuncio por la fortuna que representa en tiempos de crisis económica y especialmente porque se da en medio de las campañas electorales previstas para diciembre próximo. Por cierto, hay varios candidatos por el oficialismo dentro del MOPC.

Otro punto muy cuestionado del llamado es que en la lista de ítems requeridos se contempla la adquisición de 2.000 equipos de GPS, 8.000 cámaras y un nuevo centro de control y monitoreo, los cuales son elementos con los que ya se cuenta hoy día en el sistema de transporte público.

Vale recordar que dentro del pliego de bases y condiciones (PBC) se pueden encontrar otros ítems, no tan tecnológicos, pero que sí cuentan con un costo realmente elevado como podemos citar el escritorio de madera con dos cajones presupuestado por G. 17.596.725 y la provisión y colocación de una puerta de 1,80 x 2,10 por el valor de G. 5.214.750, junto con tres puertas metálicas antifuego de 1,20 x 2,10 tarifadas en G. 15.720.750.

Así mismo, otro de los puntos cuestionados es la forma en la que se maquillan los costos de un sistema desmenuzándolo en distintos ítems dentro de la lista para disfrazar su costo real. Un ejemplo de esto es la compra de los 2.000 equipos de GPS que son acompañados de los costos de instalación, el desarrollo del software correspondiente para la navegación, la instalación de este programa en los equipos de monitoreo, el mantenimiento de este sistema, la compra de los nuevos equipos de monitoreo y el servicio de implementación de estos centros, con lo que este sistema termina costando un total de G. 18.827.702.280.

Una lista recargada y jugoso presupuesto se puede observar; sin embargo, todavía no hay fondos y en el MOPC especulan con explicaciones confusas. Según el director de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), Walter Recalde, “lo más probable” es que este dinero salga de fondos locales, vía reprogramación, pero al ser insistido cómo fabricarán ese presupuesto propio, no descartó que la licitación se recueste en un nuevo préstamo.

No hay que olvidar que el MOPC está en falta con las constructoras con deudas que orillan los US$ 400 millones. El Presidente se jactó de 3.200 kilómetros de asfaltados inaugurados, pero obvió las deudas que carga la cartera de Obras.

“Hay precedentes donde se adjudicaron licitaciones y luego eran sujetos a una reprogramación de recursos, no sería la primera vez. Es decir que puede pasar, es una cuestión administrativa eso”, comentó el director de la UOC.

El apuro más una serie de consultas realizadas en el llamado vienen sugiriendo direccionamientos de la licitación y en estos días se formalizó una denuncia ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

La denuncia señala que los US$ 12 millones de la licitación se orientan al beneficio de la empresa TSV del Paraguay, misma que en el 2019 fue adjudicada para la compra de las recordadas “comisarías de oro” y en el 2021 para la adquisición y actualización del Sistema 911 por el valor de G. 6.439 millones.

“El viceministro, Víctor Sánchez, en su calidad de ‘asesor de tecnologia’ del Ministerio del Interior, fue parte del equipo que adjudicó a la misma empresa TSV del Paraguay SRL diversos contratos, entre ellos el famoso contrato de las ‘comisarías de oro’”, refiere el reclamo planteado ante la DNCP.

Hay que recordar que semanas atrás ya se presentó igualmente una denuncia similar ante la Secretaría Nacional Anticorrupción en donde el asesor jurídico de la Senac, Federico Hetter, dijo que lo que hicieron fue “asignar el caso a la unidad de transparencia del MOPC en donde Carolina Centurión queda como encargada de la investigación”; es decir, la investigación del caso fue derivada a la misma institución a ser “investigada”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.