El 27 de mayo del 2013, de la mano del empresario Carlos Jorge Biedermann, el mismo Marcelo Odebrecht (ex CEO de la organización Odebrecht, hoy condenado por los escándalos de corrupción) llegó a concretar una reunión con Cartes con el fin de exponerle sus intenciones de desembarcar en Paraguay para la concreción de varios proyectos.

Siguiendo en plan de desembarco en Paraguay, Rabello logró cerrar reuniones con miembros del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), a quienes expuso un plan para cerrar las operaciones basado en las pautas establecidas en el Convenio de Créditos Recíprocos, que no era otra cosa que disminuir sus riesgos comerciales utilizando como garante los mismos recursos del Tesoro. Dicho plan fue rechazado por los directores del BCP, según confirma el mismo ex director de la banca matriz, Santiago Peña.

El director de Desarrollo de Negocios en Paraguay era considerado uno de los hombres más habilidosos de la compañía y fue el emisario para “convencer” a las autoridades paraguayas del plan de negocios que la multinacional tenía previsto en el país.

Concretó varios encuentros con autoridades nacionales, con empresarios paraguayos de diferentes rubros, pero no logró imponer su plan que necesariamente debía contar con el aval del BCP para la operación financiera.

Tras esta negativa por parte del BCP, se evitó que Odebrecht opere en Paraguay como lo hizo en otros 11 países de la región, prácticamente utilizando el mismo esquema; es decir, de trato preferencial para quedarse con las grandes licitaciones en obras.

“Ellos (Odebrecht) querían una ley especial que nosotros no podíamos permitirnos otorgarles”, confesó Peña, ex ministro de Hacienda.

El lobby de Rabello para cerrar la operación fue enorme, puesto que veían a Paraguay como un potencial enorme, considerando la asunción de un nuevo gobierno, los planes anunciados en proyectos de infraestructura y además, tenían encima todo el know how (conocimientos técnicos y administrativos) de operaciones realizadas en otros países de la región.

“Nosotros nos reunimos, porque antes de todo este escándalo de corrupción de la compañía, estábamos hablando de una multinacional sólida en la región, pero nos pareció que pretendían invertir en Paraguay utilizando como garante y hasta disponibilidad los fondos del Tesoro. Para ello estábamos obligados a darle una ley especial y brindarle un trato preferencial que nosotros no podíamos permitirnos, porque todas las demás empresas plantearían lo mismo y les dijimos que no”, puntualizó Peña.

Los planes de Odebrecht apuntaban a participar en varias obras anunciadas vía Alianza Pública Privada (APP), como la duplicación de las rutas 2 y 7, el sistema de alcantarillado de Asunción y Área Metropolitana, entre otras.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.