El ministro de Agricultura, Denis Lichi, mencionó a la prensa que el sector productivo posee solo un 2 % de morosidad en el Banco Nacional de Fomento (BNF) y en el Crédito Agrícola de Habilitación. La mayor parte de la deuda se da en las financieras privadas, donde no poseen datos precisos de cuántos son los afectados.

La autoridad expresó que los labriegos deben acercarse a la institución para poder regularizar sus casos. “Esperamos que aquellos que tengan problemas crediticios se acerquen a nosotros y estudiar punto por punto y caso por caso, de acuerdo a eso ofrecer una solución. En ningún caso hablamos de subsidio o condonación de deudas, sino que reestructuración”, remarcó.

“Vamos a ver en qué concepto se adquirieron las deudas, porque si quieren pagar realmente van a buscar las formas de trabajar y saldar. Vamos a ayudar para puedan sembrar y comercializar sus productos”, comentó además.

A su vez, el viceministro de Administración Financiera de Hacienda, Oscar Llamosa, dejó en claro que no existen proyecciones de ingresos tributarios que permitan al fisco desembolsar un subsidio a los campesinos. “No hay espacios para nuevos gastos”, remarcó.

No obstante, contó que dentro del presupuesto existen 120 millones de dólares (para compra de insumos agrícolas, préstamos, etc.) distribuidos en distintos entes del Estado y que podrían redireccionarlos al sector campesino para poder ayudarlo.

EXCEDENTES FISCALES

Referente al otro reclamo campesino, sobre el acceso a tierras, el titular del Indert, Horacio Torres, mencionó que es “imposible dar una solución a corto plazo” y que en estos momentos están trabajando para recuperar los excedentes, para lo cual primero se deben concretar las mensuras judiciales.

El Secretario de Estado dijo además que en varias colonias del Intert constataron la venta de derecheras y que están buscando la forma de recuperar estos terrenos comercializados de manera ilegal.

Respecto a la lentitud en la titulación de los terrenos, Torres respondió que siempre deben analizar a profundidad los casos y no “firmar así como así”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.