En la jornada de ayer fue dado a conocer el pronunciamiento del Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) en el que señalan que la saturación del sistema sanitario ha provocado un aumento en el riesgo durante la práctica médica.

Asimismo, señalan que desde que inició la pandemia han redoblado los esfuerzos para brindar atención óptima a los pacientes “en las condiciones que la realidad les permita”, puntualizando la mala calidad de los equipos de bioseguridad para el personal de blanco.

Uno de los puntos principales del texto indica que “ante el menor error” los médicos están expuestos a la “criminalización de la práctica médica”, exponiéndolos a eventuales procesos penales, muchas veces siendo juzgados por abogados o, en el peor de los casos, por “tribunales públicos en redes sociales” sin el menor conocimiento de los hechos o la realidad que viven en los hospitales.

En entrevista con HOY, la Dra. Gloria Meza, titular del CPM, explicó que frecuentemente reciben agresiones o reclamos de familiares de los pacientes por el hecho de que no hay camas disponibles, existe demora para recibir atención médica o porque se utilizan espacios provisorios en los pasillos.

Todo esto genera una sobrecarga en los profesionales de la salud, quienes son propensos a no seguir el protocolo de respaldo documental, pudiendo olvidarse de registrar cada situación que ocurre durante la atención a los pacientes, lo cual más adelante podría derivar a su vez en alguna acusación de mala praxis, refirió.

“Cuando necesitamos hacer un procedimiento, por ejemplo ponerle una cánula al paciente, tenemos que registrar eso, y si es que no hay disponible ese insumo, hay que escribir eso dentro del detalle de la ficha, documentar el porqué se están haciendo las cosas, de manera a que mañana no vengan a reclamarnos los familiares”, explicó.

Meza recordó que en caso de que se produzca una denuncia de mala praxis que afecte a algún médico o personal de blanco, un respaldo documental le ayudará a dar las explicaciones pertinentes ante las autoridades y a los mismos familiares.

Desde el Círculo Paraguayo de Médicos instan a los profesionales de la salud a extremar los cuidados en la práctica médica, a respetar estrictamente el protocolo de la documentación de respaldo, así como la correcta expedición de las recetas y el debido procedimiento para la gestión de medicamentos y preparados magistrales.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.