“Una vez más, la falta de previsión y de una buena gestión en el tema combustibles golpea duramente a la ciudadanía, ya que los incrementos cada vez más frecuentes castigan por igual a todos los paraguayos, salvo tal vez a quienes tienen el privilegio de recibir “donaciones””, dice el comunicado emitido por la UGP.

Sin desconocer el impacto causado en el mundo por el conflicto en Europa, desde el gremio sostienen que la administración actual debe hacer su parte para paliar esos efectos aportar “algo de previsibilidad” ya que sostienen que no es posible trabajar en un escenario de subas del precio del combustible “quincenales y arbitrarias”.

Resaltan que esta situación es consecuencia de que Petropar no ejerce un rol regulador del mercado, con reservas de combustible que permitan sostener precios sin ningún subsidio. Indican que esto daría previsibilidad a la actividad económica y certidumbre a los contratos de transporte de cargas, así como al gasto de movilidad del ciudadano común.

“Los responsables de definir políticas energéticas están concentrados en la disputa politiquera, no ven, no escuchan, no responden a las inquietudes de fondo y, menos aún, presentan propuestas dinamizadoras. ¿De qué nos sirve ser el único país cuya fuente de energía eléctrica es 100% renovable, si no se aprovecha la circunstancia para dar un golpe de timón hacia la transformación del transporte eléctrico incluido el transporte público de pasajeros?”, manifiestan.

En ese sentido, advierten que se necesita una “conducción firme y clara que mire al Paraguay y no solo a las elecciones del 2023”.

“No hay tiempo. Con cada día que pasa el malestar ciudadano aumenta, la gente sale a las calles y el campo calienta los motores de sus tractores. Exigimos a las autoridades decisiones y acciones constructivas para resolver esta situación”, subrayan.

Agregan que se necesita una visión amplia de la situación que permita un “diagnóstico correcto, una gestión eficiente y una conducción firme” para encontrar las políticas y los mecanismos que les permitan trabajar en paz para reconstruir la economía en un escenario de mayor certidumbre.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.