Durante una conferencia desarrollada esta mañana en la sede de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), diferentes gremios de diferentes sectores productivos sentaron postura sobre el proyecto de ley presentado días atrás por el senador Enrique Riera que pretende penalizar los cierres de ruta.

En el comunicado, señalan que los habitantes de esta nación “no podemos ser rehenes permanentes y seguir viviendo bajo la amenaza de que hoy o mañana alguien interrumpirá el ejercicio de nuestro derecho a desplazarnos libremente por todo el territorio nacional”.

Asimismo, afirman que la discusión real no se relaciona con el derecho a protestar “como interesadamente algunos sectores plantean” sino más bien si es que se va a seguir permitiendo que un grupo de personas “coaccionen al resto de los paraguayos” a través de los bloqueos en ruta.

“No es aceptable que algunos sectores, enarbolando la bandera del derecho a manifestarse, obvien las garantías constitucionales de los demás ciudadanos. El libre tránsito, así como todos los derechos y garantías constitucionales, no pueden ser objeto de discusión alguna. Todos debemos respetarla en igualdad de condiciones”, refiere el texto.

En ese sentido, cuestionan la idea de querer instalar que cada reivindicación solo puede lograrse únicamente a través del perjuicio a los demás y hasta de la violencia, subestimando la capacidad de entablar el diálogo sin afectar a terceros.

De esta manera, los gremios productivos, empresariales e industriales dan su apoyo al proyecto de ley que aumenta las penas por impedir el libre tránsito y coaccionar a los ciudadanos que no participan de la protesta. “Es un instrumento válido de política pública que los sectores aquí representados apoyamos y defendemos con convicción”.

Por ello, exigen al Poder Legislativo considerar esta propuesta que será de suma importancia para el país, pues creen que ayudará a garantizar la previsibilidad, atraer inversiones, generar empleos dignos y proyectar un desarrollo social y económico sostenible.

“No permitamos que la irracionalidad de algunos sectores nuble nuestro propio juicio […] Sobre todo, no permitamos que negocien con nuestro derecho a circular, a trabajar y por sobre todas las cosas a vivir con libertad, en el marco de la ley, y en base al respeto mutuo”, sentencia el pronunciamiento.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.