La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), la Asociación de Agentes Marítimos del Paraguay – ASAMAR, el Centro de Armadores Fluviales y Maritimos – CAFYM, la Cámara Paraguaya de Carnes – CPC, la Cámara Paraguaya de Terminales y Puertos Privados – CATERPPA y la Cámara de Farmacias del Paraguay – CAFAPAR emitieron un comunicado en conjunto al respecto.

“Nuestros gremios reafirman la importancia que reviste para la República que el Ministerio de Relaciones Exteriores cuente con un servicio diplomático y consular profesional para cumplir acabadamente la misión de ejecutar la política exterior, defender los intereses de la Nación, su efectiva proyección internacional y contribuir con su desarrollo económico a través de la promoción de las exportaciones y la atracción de inversiones y de tecnología, que coadyuven al crecimiento de la producción y generen empleos de calidad, para lograr el bienestar general de nuestra población”, refieren en el escrito.

Los gremios manifiestan su apoyo a la profesionalización de la carrera diplomática y consular, y el ingreso, en igualdad de oportunidades, a través de concursos públicos de oposición y mérito de alcance nacional. “Estos concursos nacionales deben seguir perfeccionándose para garantizar la selección de los mejores talentos del país para fortalecer los cuadros de la Cancillería Nacional”, resaltan.

El proyecto de ley en cuestión podría afectar principios constitucionales fundamentales como el de igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas ya que permitirá el ingreso al servicio diplomático de funcionarios públicos por el criterio de antigüedad en detrimento de cualquier ciudadano paraguayo que pretenda concursar para el efecto. Además, afectaría el criterio de competencia por naturaleza especial de la actividad diplomática y consular como carrera especializada, ya que pretende reglamentar en una misma norma, otras carreras del servicio público, según consideran.

Preocupa, además, la afectación que esta disposición tendrá en el Presupuesto General de Gastos teniendo en cuenta que, en caso de ser aprobada, permitirá un ingreso masivo de funcionarios, de una vez, a categorías presupuestarias superiores.

Por todo ello abogan por que el debate atienda especialmente no vulnerar significativamente el proceso de profesionalización de la Carrera Diplomática y Consular, en particular, a partir de la posibilidad del ingreso de personas sin concurso de oposición y méritos, representando un retroceso a la institucionalidad del servicio diplomático y consular de la República del Paraguay que constituye una herramienta fundamental para el desarrollo económico e integral del país.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.