Eliminar al Gobierno de la administración del IPS para conseguir su autonomía, mediante la representación de los distintos gremios, es lo que plantea el proyecto de Ley “De la gobernanza del Instituto de Previsión Social”.

El Dr. Edilberto Rivarola, en nombre de la Asociación Médica del IPS, que nuclea a casi 1.200 profesionales, indicó a Telefuturo que el proyecto dará un cambio de rumbo muy necesario a la castigada entidad social. “Con esto queremos que se corte el cordón umbilical con el gobierno de turno”, resaltó.

El entrevistado aseguró que la pandemia solo vino a desnudar la terrible situación de la previsional por la desidia del Estado, ya que el problema se arrastra hace muchísimo tiempo y no es algo de este gobierno o el anterior.

“Nosotros conocemos el dolor y el día a día de los enfermos. A nosotros nos cuesta involucrarnos en las cuestiones administrativas. En todo este tiempo vimos que se cambiaron hasta de signos políticos pero no cambió mucho, porque todo está sujeto a un poder que maneja las finanzas”, dijo.

El médico Rivarola argumentó que si los asegurados del IPS quieren seguir siendo maltratados y recibir una atención médica miserable, entonces que no acompañen este proyecto de ley; caso contrario, que sí lo hagan.

El proyecto de Ley “De la gobernanza del Instituto de Previsión Social” plantea que dicho órgano se convierta en un Consejo de Dirección con 5 consejeros; uno en representación del sector de los empleadores, otro de los trabajadores asegurados, así como de los jubilados y pensionados, uno del Ministerio de Salud y otro del Ministerio del Trabajo Empleo y Seguridad Social.

De igual modo, busca modificar la forma de elección de los consejeros. En el caso del Poder Ejecutivo, se nombraría vía Decreto y para el de los representantes de cada uno de los sectores, la propuesta es que se elija a través de elecciones directas.

También prevé que la presidencia sea rotativa entre los 5 consejeros, uno por año, y la creación de dos directores ejecutivos, uno de jubilaciones, pensiones y otro de salud; y que los mismos puedan ser electos a través de concursos públicos de mérito y oposición.

Según explicó el senador de Patria Querida, Stephan Rasmussen, la idea es que haya mayor independencia en la previsional; tanto en la gestión administrativa, como en el manejo de la salud por un lado y, por el otro, de la jubilación. Además, la iniciativa es que cada fondo tenga una unidad de administración y finanzas, diferentes.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.