El jefe del Grupo Lince, Comisario Principal Gustavo Ruiz Díaz, anunció un plan de expansión gradual del Grupo Lince en los próximos meses. Actualmente, este grupo especializado en seguridad cuenta con 600 efectivos policiales en sus filas y se espera que la misma cantidad de personal se integre tras completar su especialización, a finales de este año. De esta forma habrá 1200 efectivos del Grupo Lince para hacer frente a la inseguridad en las calles.

Ruiz Díaz explicó que la capacitación para convertirse en un miembro del Grupo Lince es un proceso intensivo que dura aproximadamente 12 semanas, es decir, unos 3 meses. Actualmente, un grupo importante de aspirantes ya ha avanzado en su quinta semana de formación. Esta capacitación incluye no solo entrenamiento físico sino también la instrucción en el manejo de situaciones delicadas. “Estoy seguro que el 95% o más egresarán de esta capacitación”, detalló.

Mencionó que, una vez culminado este primer proyecto, avanzarán en la triplicación del personal policial en las fuerzas operativas del Grupo Lince. “Es un proyecto bastante ambicioso, de hecho, lo que se logró en 6 años, nosotros vamos a hacerlo en 100 días”, aseguró en charla con Paraguay TV.

A su criterio, este plan de expansión es un compromiso y al mismo tiempo una oportunidad para demostrar la capacidad operativa con que cuenta el Grupo Lince. “Tenemos buenísimos instructores paraguayos que en los primeros tiempos del grupo lince (2017) nació con instructores panameños. Hoy día estamos teniendo con mucho orgullo a compatriotas que ya están formando a otros colegas”, mencionó.

El Comisario destacó que después del primer mes de capacitación, los futuros linces ya están completamente ambientados con los conceptos básicos y que los resultados hasta ahora son altamente prometedores. “Esto nos motiva a continuar formando a más personal para fortalecer la misión del Grupo Lince”, señaló.

Para ser parte de esta unidad especializada, los candidatos deben ser policías que hayan egresado de la Academia de Policía o del Colegio de Policía. El curso de especialización tiene una duración de 12 semanas (3 meses), basado en el programa de entrenamiento de la policía de Panamá. Se seleccionan aspirantes después de pasar rigurosas evaluaciones psicológicas, físicas e intelectuales. Además, deben tener entre 22 y 25 años de edad, aunque también se permite una extensión hasta los 27 años en casos excepcionales.

Ruiz Díaz explicó que este enfoque de capacitación busca duplicar la cantidad de efectivos del Grupo Lince en las calles, reforzando así la seguridad de la ciudadanía paraguaya.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.