El grupo Zuccolillo alega que cuando saltó el escándalo FIFAgate, el banco Atlas reportó las operaciones de Nicolás Leoz ante la Sepre­lad en mayo del 2015. Sin embargo, Leoz decide conso­lidar los fondos que tenía en Atlas en dos contratos fidu­ciarios por valor de US$ 6,1 millones, en febrero del 2016, cuando sobre él ya pesaba una orden de captura internacio­nal por lavado de dinero, aso­ciación criminal y otros deli­tos por parte de la justicia de los Estados Unidos.

El banco Atlas confirma que para la operación de los dos contratos de fideicomisos no realizó la debida diligencia ampliada porque supues­tamente ya reportaron a la Seprelad en mayo del 2015 sobre el movimiento de dinero que Leoz tenía con el banco.

En la auditoría de la Con­mebol, sobre estos contra­tos fiduciarios de Leoz con Atlas, los abogados conclu­yen que el banco no activó alertas para la operación y esto generó que la insti­tución matriz del fútbol sudamericano presente una denuncia penal por supuesto lavado de dinero el 4 de febrero de este año.

LO QUE IGNORÓ EL BANCO ATLAS

Si el banco Atlas reportó fondos que estaban depo­sitados (porque le parecían sospechosos) cuando saltó el escándalo de FIFAgate y pos­terior a esto le piden una ope­ración nueva con esos fon­dos y esa operación implica un cambio de titularidad de los fondos, debieron haber reportado de nuevo para poder asegurar la trazabili­dad, de lo contrario cómo se podría saber que esos fondos fueron a un fideicomiso.

El fideicomiso implica un “traslado del dominio” de la cosa fideicomitida y ello puede atentar contra su tra­zabilidad y eso podría impe­dir el seguimiento del activo mal habido, más aún si el ROS que habían hecho era por dudas sobre el origen de los fondos.

EL RECLAMO DE LA CONMEBOL

Precisamente, el reclamo de la Conmebol que generó luego en una denuncia penal fue que no encontra­ron documentos que ava­len que el banco Atlas haya realizado la debida diligen­cia ampliada sobre los con­tratos de fideicomisos de Leoz. El banco Altas, luego de reportar a la Seprelad, cuando salta el escándalo FIFAgate, con los movi­mientos de dinero de Leoz debió hacer la debida dili­gencia ampliada y eso abarca el origen de los fon­dos del ex presidente de la Conmebol. El perfil opera­cional que construyeron respecto a Leoz debió ser objeto de dicha debida dili­gencia ampliada, para deci­dir hacer o no operaciones como los fideicomisos.

En síntesis, para la época de la constitución de los fideicomisos (febrero del 2016) luego de los reportes que anteriormente reali­zaron, el banco Atlas debió haber tenido avanzadas las tareas de debida diligencia ampliada para decidir hacer o no ese tipo de actos jurídi­cos, y justamente es esto lo que no hicieron y ellos mis­mos lo confirman.

¿QUÉ ES UN FIDEICOMISO?

∙El fideicomiso es un contrato por el cual el fideicomitente (en este caso Nicolás Leoz) entrega a un ente llamado fiduciante (banco Atlas) algunos bienes detallados en el contrato, transfiriéndole la propiedad de estos, para que el fiduciario los administre, coloque o cumpla la finalidad establecida por el fideicomitente.

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL EFECTO DEL FIDEICOMISO?

∙Los fideicomisos generan patrimonios autónomos, por ende, independientes al patrimonio del fideicomitente. Los bienes incluidos en el contrato se trasladan o transfieren del patrimonio del fideicomitente (en este caso Leoz) al patrimonio del fiduciante (banco Atlas) y dejan de pertenecer al que los transfirió (Leoz), con lo cual, por ejemplo, los bienes no se encontrarían sujetos a embargos judiciales y/o secuestros. Consecuentemente, los bienes transferidos al patrimonio autónomo se encuentran blindados por el fideicomiso.

¿QUÉ ESTABLECÍA EL CONTRATO ENTRE LEOZ Y ATLAS?

∙Una de las cláusulas incluidas en el contrato de fiducia entre Atlas y Leoz establecía que el fideicomitente (Leoz) se reservaba instruir, hasta un cierto porcentaje del fideicomiso, pago de obligaciones vinculadas exclusivamente a su salud en el exterior y procesos judiciales en los que sea parte como actor o demandado (ejemplo: honorarios de abogados).

∙Es decir, el banco pactó expresamente cumplir instrucciones del fideicomitente para el pago de obligaciones que él mismo decida asumir en los contextos citados (gastos de salud y gastos judiciales). Esta obligación no equivale a prever la eventualidad de responder con sus bienes ante pronunciamientos de la Justicia porque los US$ 6 millones ya no forman parte de sus bienes, se encuentran blindados.

¿POR QUÉ SE AFIRMA EL CARÁCTER SOSPECHOSO DE LA OPERACIÓN CON ATLAS?

∙Los contratos de fideicomiso en el banco Atlas se celebraron cuando sobre Nicolás Leoz ya pesaban orden de captura internacional dictada por la justicia norteamericana y orden de prisión domiciliaria dictada por un juez en Paraguay. En ese contexto, siendo Leoz apuntado como parte de una organización criminal dedicada al fraude, lavado de activos y soborno, semejante operación debió haber despertado al menos una señal de alerta.

∙La normativa vigente en materia de lavado de dinero, como la Resolución 349 del año 2013 por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de dinero, estipula las medidas de “debida diligencia ampliada”. Cuestión que el banco Atlas debió haber aplicado antes de autorizar los contratos de fideicomiso con Leoz. Esta resolución en su artículo 25 estipula las medidas que los bancos deben aplicar a los clientes considerados de “alto riesgo”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.