Por Jorge Torres Romero y Cinthia Mora

En ambos casos, según las investigaciones fiscales, el banco Atlas –la entidad financiera del grupo Zuccolillo– no realizó la debida diligencia; con Leoz ignoró la investigación y orden de captura que tenía por parte de la justicia de los EEUU; y en el caso “Cabeza Branca”, otorgó un préstamo de US$ 6,5 millones a hombre que se desempeñaba como tractorista del capo narco, incapaz de cumplir con sus compromisos financieros.

De acuerdo con un informe de auditoría de carácter confidencial al cual accedió el equipo de “La caja negra” el año pasado reveló el modus operandi del banco Atlas, en el esquema de blindaje y presunto lavado de dinero del extinto dirigente deportivo Nicolás Leoz. El banco de los Zuccolillo hizo caso omiso a las señales de alerta y autorizó, sin aplicar el procedimiento correspondiente, la constitución de dos fideicomisos por más de G. 40 mil millones para blindar el dinero sucio de Leoz.

Asimismo, se supo que, a través de un aparente testaferro, el narco “Cabeza Branca” hizo turbios negocios con el banco Atlas para lavar dinero y obtener un préstamo de US$ 6,5 millones para una empresa vinculada al considerado mayor narcotraficante de América del Sur. Gilberto Suárez, imputado por lavado de dinero, cliente de Atlas, aparece como el prestanombre y presidente de la firma Biobras, quien accedió a la línea de crédito, ofreciendo la estancia Cielo Azul como garantía hipotecaria. En el 2020, Cielo Azul pasó a manos de la Senabico tras la intervención fiscal en la causa contra el narco y la veintena de testaferros que tenía a su disposición.

Al aplicarse una prohibición judicial de contratar sobre Cielo Azul, la Senabico solicitó suspender el remate e inició un litigio que sigue pendiente de resolución.

NEGOCIOS CON EL GOBIERNO ACTUAL

Por si fuera poco, y siguiendo con prácticas que ya se creían desterradas, Mario Abdo Benítez dejó en manos de un solo medio, Abc Color, el manejo de la transmisión de los Juegos Suramericanos Odesur a realizarse en el mes de octubre. En efecto, sin haber dado lugar a una competencia real de oferentes, el Gobierno Nacional adjudicó al Grupo Abc, bajo la denominación Editorial Azeta SA, para la producción de materiales en el marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción – ASU2022 de Odesur. Esto se da debido a que ningún otro medio de comunicación del país fue notificado sobre esta convocatoria por lo que la empresa adjudicada terminó siendo la única presentada en la licitación. La convocatoria a licitación para la “Contratación de un servicio de host broadcaster para los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022″, fue realizada por la Secretaría Nacional de Deportes (SND).

La firma adjudicada con el contrato de G. 16.434.495.000 (casi 2.400.000 dólares) llamativamente cumplió con las exigencias del llamado pese a que, según el propio ministro de Deportes, Diego Galeano Harrison, dijo que las empresas nacionales no podían cumplir con los altos requisitos.

APRIETE A LA FISCALÍA

Otro de los blancos favoritos en las campañas del diario de los Zuccolillo fue la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, contra quien publicaron duras acusaciones al no prestarse a las maniobras y presiones que ejercían para procesar o impulsar causas a partir de denuncias publicadas en sus medios.

Lo más reciente tiene que ver con el esfuerzo que hace Abc para desviar la atención de la responsabilidad del Gobierno y “embarrar la cancha” sobre las verdaderas reuniones de los iraníes en Paraguay.

Desde el inicio de la crisis del avión iraní, llamativamente el diario Abc Color ha realizado esfuerzos para que la atención no se centre en el Gobierno y su alta responsabilidad en la ausencia de control o complicidad y han enfocado todo sobre Tabesa.

Sin embargo, el propio diario en una nota firmada por el entonces editor general del medio y fechada el 13 de octubre del 2018, sostiene que, en la administración del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump existía preocupación y malestar por el curso que estaba tomando la política exterior del Paraguay.

En la misma nota, el diario Abc (hoy incapaz de producir una crítica contra el Gobierno), deslizaba que “detrás de todo podría haber financiamiento político para la campaña de Marito a través del vicepresidente Hugo Velázquez, quien fue fiscal en el Alto Paraná y tiene lazos con la rica comunidad árabe de la Triple Frontera”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.