En medio de las clásicas movidas de fin de año en tribunales, se concretará un jugoso remate judicial en contra de los intereses del Estado y a favor del grupo empresarial Zuccolillo, el cual busca recuperar un millonario crédito hipotecario que había dado al tractorista prestanombre del narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.

El pasado 12 diciembre, el juez del 7.° turno en lo Civil y Comercial Édgar Rivas ordenó el remate de la estancia Cielo Azul, de Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, en perjuicio de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) que tiene a su cargo el inmueble incautado, pese a todos los pedidos que se hicieron para hacer una subasta y pagar al acreedor, que es el banco Atlas de los Zuccolillo.

El magistrado solicitó que, para las publicaciones de este remate, el cual está previsto para el 29 de diciembre de 2023, se incluya que existen medidas cautelares que pesan sobre el inmueble, haciendo saber de esta manera a los posibles compradores que la prohibición de innovar dispuesta por el fuero penal no puede ser levantada. Para ello, se harán cinco publicaciones consecutivas en el diario Abc Color, perteneciente al mismo grupo empresarial.

De acuerdo con la documentación a la que accedió “La caja negra”, la base de venta será el monto del crédito reclamado por el banco Atlas, que asciende a la suma de G. 21.532.116.992 (lo cual al cambio actual da alrededor de USD 3 millones). Inicialmente, la línea de crédito aprobada por la entidad bancaria fue hasta la suma de USD 6.421.857.

Este remate se hará pese a la existencia de medidas cautelares que impiden su venta, pero, aun así, el Juzgado Civil va a realizarlo a solicitud del banco que busca a toda costa recuperar su dinero otorgado llamativamente a un tractorista del poderoso narcotraficante brasileño considerado el barón de la droga.

Es importante resaltar que la Senabico recurrió a todas las instancias legales para evitar el despojo de esta estancia e incluso propuso que se realice una subasta del inmueble y así pagar al banco acreedor; sin embargo, los Zuccolillo insisten con el remate judicial para así poder sacar más ventaja de esta venta.

Actualmente hay una apelación y otra acción de inconstitucionalidad planteadas por la Senabico que están pendientes de resolución y que pueden frenar este atropello a los intereses del Estado paraguayo. Sin embargo, en los pasillos de tribunales ya dan por hecho el despojo que se estaría concretando antes de la feria judicial de 2024.

Con este operativo “din, din, don” en el Poder Judicial, el Estado paraguayo perderá el comiso del bien, cuyo valor aproximado es de 18 millones de dólares, al rematarse por una deuda de 3 millones de dólares que reclama el banco Atlas, tras su turbio negocio con el tractorista testaferro del narco Cabeza Branca y por lo cual la fiscala Lorena Ledesma abrió una investigación en la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público.

En caso de prosperar el remate, el banco Atlas podría adjudicarse un inmueble con un valor mucho más elevado que la pretendida deuda y el Estado paraguayo perdería la posibilidad de poder contar con tan importantes recursos, frustrándose de esta manera la recuperación de activos del crimen organizado y corriéndose el riesgo que sea en el futuro un nuevo mecanismo para que los procesados recuperen sus bienes con deudas simuladas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.