Los grupos burbuja: qué define la cantidad de integrantes

Los estudiantes y docentes que volverán a clases presenciales formarán parte de un grupo burbuja específico y según el protocolo del MEC el número ideal de integrantes es de 10 sin sobrepasar en ningún caso los 15 estudiantes.

Esa diferencia entre lo ideal y el máximo de alumnos se definirá por la capacidad física del aula y esta debe permitir el distanciamiento físico de entre 1,5 metros mínimo y 2 metros como distancia ideal entre sillas, mesas, bancos o pupitres.

Los integrantes del grupo comparten espacios comunes más reducidos como la sala de clases, cantina o comedor, actividades deportivas, talleres, horarios de receso y no interactúa con otras burbujas.

En el caso de los estudiantes de nivel inicial los grupos burbuja estarán integrados por un máximo de 10 niños para Maternal 1,2 y 3, independientemente al tiempo que permanezcan en la sala.

Para los de Prejardín, Jardín y Preescolar de 3,4 y 5 años que permanecen en el recinto por más de 4 horas el límite máximo será de 15 niños por burbuja.

El listado final de los estudiantes que integren cada grupo burbuja deberá ser exhibido en la puerta de acceso de su respectiva sala de clases.

El protocolo establece que para el inicio del retorno seguro a clases se conformarán anticipadamente los grupos burbuja.

Los responsables de las familias sean padres, madres, encargados o tutores comunicarán por escrito a la dirección de la institución educativa, mediante autorización firmada su voluntad de enviar a sus hijos a las clases presenciales.

Este requisito es mandatorio, y no se permitirá la incorporación de ningún estudiante menor de edad sin la respectiva autorización para conformar los grupos burbuja correspondientes.

Durante el año lectivo el MEC podrá establecer fechas alternativas para la admisión de estudiantes en modalidad presencial.

Una vez establecidas esas fechas, el pedido de incorporación de estudiantes a nuevos grupos burbuja se realizará con un mes de anticipación, a fin de salvaguardar la organización de las clases presenciales.

Una sugerencia desde la cartera educativa es que ya antes del inicio de clases, los niños realicen en sus hogares rutinas que sirvan como ejercicios de preparación, en cuanto al uso correcto del tapabocas (cubrir nariz, boca y mentón), el lavado correcto de manos (con agua y jabón por 20 segundos como mínimo), y el distanciamiento físico (de 1,5 a 2 metros de distancia) entre integrantes de su grupo.

Con estas prácticas aprendidas, se podrá garantizar que estos hábitos sanitarios sean puestos en práctica y así minimicen los riesgos de contagio.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.