Paraguay ha sido foco de un nuevo escándalo en los últimos días tras la fuga de 35 reclusos de la Penitenciaría Regional de Misiones.

La mayoría de los reos que escaparon de esta cárcel, ubicada en la ciudad de San Juan Bautista, pertenecen al grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC).

Para lograr esta fuga, los internos redujeron a los guardiacárceles y, con una soga improvisada que elaboraron uniendo varias telas, saltaron el muro perimetral de uno de los costados hasta llegar al exterior.

En paralelo a esta fuga, otro grupo de internos organizaba una protesta con quema de colchones en el interior de los pabellones, presumiblemente como distracción mientras sus compañeros abandonaron el reclusorio.

ANTECEDENTES DE FUGAS

Este no es el primer caso de fuga masiva en una penitenciaría de nuestro país. En enero del año 2020, un total de 76 presos escaparon de la cárcel de Pedro Juan Caballero. En aquella oportunidad, también estuvieron involucrados miembros del PCC.

En principio se creyó que todos los reos escaparon a través de un túnel cavado en una de las celdas, aunque luego se supo que algunos de ellos cruzaron por el portón de acceso principal para llegar hasta la calle.

Otro de los episodios registrados en el actual gobierno se dio en septiembre del 2019 cuando tres peligrosos integrantes del PCC escaparon del Cereso ubicado en el departamento de Itapúa, posterior a un amotinamiento en el interior del penal.

Recientemente se dio un llamativo episodio en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú que involucró a un recluso identificado como César Ramón Ortiz alias “Gordito Lindo”, quien intentó escapar disfrazado de mujer pero sin éxito. Horas después, se confirmó que en realidad sí había una persona fugada: Salvador Martínez Bazán, quien forma parte del clan Rotela y pudo abandonar el presidio sin ser descubierto.

CRISIS PENITENCIARIA

La crisis penitenciaría en Paraguay viene arrastrándose desde hace varios años, sin que aún se hayan adoptado medidas para dar una solución definitiva al asunto y sin señales claras por parte del gobierno para cortar el problema de raíz.

Con la eterna promesa de la habilitación de tres nuevas penitenciarías (dos en Emboscada y una en Minga Guazú), se busca descomprimir en cierta medida el sistema penitenciario, hoy colapsado por el hacinamiento en la mayoría de las cárceles.

El crecimiento exponencial de la población penal, las pésimas condiciones de privación de libertad, la corrupción imperante y la injerencia de las organizaciones criminales como el PCC o el clan Rotela son otros de los problemas latentes, según lo expone CODEHUPY.

De acuerdo al último informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), hasta julio había 16.216 personas privadas de libertad dentro del sistema penitenciario paraguayo, superando ampliamente la capacidad establecida.

La cárcel de Tacumbú es la que registra la mayor cantidad de reclusos, con una población de más de 2.700 personas privadas de libertad, lo cual representa un índice ocupacional del 176% según el MNP ya que su capacidad es para solo 1.530 reos.

En el caso puntual de la cárcel de Misiones, su capacidad real es de 920 reclusos, aunque hoy día su población es de 1.452 personas privadas de libertad. Esto representa un índice ocupacional del 158%.

A la fecha, la sobrepoblación crítica en el sistema penitenciario es del 88,76%, de acuerdo al informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Ello refleja la grave crisis que aparenta no tener solución a corto plazo.

GRUPOS CRIMINALES EN CÁRCELES

A la crisis penitenciaria se le suma el fortalecimiento de organizaciones criminales como el Primer Comando Capital (PCC), el Comando Vermelho y el Clan Rotela, hecho que también queda de manifiesto en el reporte de CODEHUPY.

La rivalidad entre estas facciones -sobre todo entre el PCC y el clan Rotela- ha generado varios incidentes en las cárceles locales, siendo una de las más recordadas la masacre en la penitenciaría de San Pedro, ocurrida en junio de 2019. En aquella oportunidad, fueron asesinados 10 internos, algunos calcinados, decapitados y otros con heridas de arma de fuego o arma blanca.

Una situación similar se dio en febrero de 2021 cuando un grupo de reos ligado al clan Rotela tomó de rehenes a 18 agentes penitenciarios y realizó un amotinamiento en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Tras intensas negociaciones, se pudo destrabar la medida de fuerza, aunque lamentando la muerte de 7 personas, 3 de ellas decapitadas.

El dominio de narcotraficantes en las cárceles también es algo sabido y de larga data. En más de una ocasión, se descubrió la existencia de “celdas VIP” en algunas cárceles como las de Tacumbú o Pedro Juan Caballero, mayormente construidas por capo narcos que tienen plena libertad para manejarse a sus anchas.

MINISTRO DE JUSTICIA, EN CAMPAÑA PROSELITISTA

Mientras la crisis penitenciaria sigue vigente, el actual ministro de Justicia, Édgar Olmedo, se encuentra inmerso en una intensa campaña política con miras a las internas de diciembre próximo.

Cabe recordar que Olmedo, quien anteriormente se desempeñó como titular del INDI, actualmente se postula como precandidato a Diputado por el departamento de Caaguazú.

Varios legisladores y actores políticos han cuestionado el hecho de que el ministro de Justicia realice proselitismo mientras ocupa un cargo tan importante y en medio de una acuciante crisis penitenciaria, aunque el mismo sigue sin tener en sus planes presentar su renuncia al cargo.

NECESIDAD DE CAMBIOS ESTRUCTURALES 

El abogado Jorge Rolón Luna señala que la situación penitenciaria actual es algo que viene de larga data y que, inclusive, ya pasó de ser solo una crisis a un problema estructural con varias aristas.

El hacinamiento, la superpoblación o las pésimas condiciones en las cárceles son situaciones que ya se tienen hace décadas, siendo lo nuevo la presencia de organizaciones criminales que empiezan a captar reclusos en sus filas, señaló.

A su criterio, los problemas actuales no se van a resolver si no se trabaja desde una perspectiva más amplia que atienda todas estas cuestiones pendientes, pues abordar un plan para un solo tema específico no tendría el efecto deseado.

Rolón Luna hizo énfasis en la elevada cantidad de presos sin condena en Paraguay (con uno de los índices más altos del mundo), esto como consecuencia del abuso de la prisión preventiva y la mora judicial.

“El sistema penitenciario no va a dar abasto para atender a tantas personas privadas de libertad”, indicó. Sobre este punto, recordó que la población penal se ha cuadruplicado en las últimas décadas y que hoy día “se está encerrando más gente que nunca”.

Para lograr cambios efectivos, el abogado plantea la necesidad de cambios estructurales a nivel penitenciario y en el sistema de justicia, además de modificaciones en la legislación vigente. Asimismo, aboga por replantear la aplicación de la prisión preventiva.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.