El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, informó que campesinos y Gobierno llegaron a una solución tras la negativa inicial de los labriegos a las condiciones impuestas hoy en la reunión previa celebrada en el Congreso.

En un primer momento, los campesinos se negaron a aceptar la propuesta del Indert de entregar 41 lotes de siete hectáreas de media para 23 de los 27 beneficiarios que figuraban en la lista presentada por la Federación Nacional Campesina (FNC), ya que los labriegos exigían 10 hectáreas por familia.

Sin embargo, tras otra reunión con los labriegos se llegó a un acuerdo intermedio que estipula ocho hectáreas para cada una de las 30 familias, en lo que Cardenas consideró una “solución aceptable”.

“Pactamos finalmente entregar 30 lotes, que sería un intermedio entre lo exigido por ellos y lo propuesto por nosotros. Es una solución aceptable, viable y creo que va a poner un punto final a este problema”, señaló el presidente del Indert.

Cárdenas dijo que con este acuerdo quieren “cerrar definitivamente” la situación en Guahory, por lo que han trabajo durante toda la jornada mano a mano con los campesinos para definir y corregir “lote por lote” y delimitar las fincas.

“Estuvimos trabajando lote por lote (…) Son tierras altamente productivas y pueden dar la sostenibilidad a cada una de las familias para que tengan una vida digna y finalmente dejen de manera definitiva la franja de la pobreza y la extrema pobreza”, afirmó.

Además de esos 30 lotes acordados, quedaron fuera del reparto otros once que, debido a su tamaño y localización en el lugar, “no se podían unificar”, por lo que se estipuló que queden como reserva forestal para plantación de “eucaliptos o algunas especies que puedan resultar en ese lugar”, añadió.

Paralelamente, Cárdenas destacó que se está realizando el “plan B” en la cercana localidad de Yhú, también en el céntrico departamento de Caaguazú, donde el Indert construye una “colonia modelo” de unas 1.500 hectáreas para ubicar a otras familias que fueron desalojadas de Guahory.

“Estamos muy avanzados en esa parte, ya existen 27 familias asentadas hasta la semana pasada, esta semana llegaron 7 familias más. Tenemos un listado de más de 10 familias que se incorporarán también en el curso de la próxima semana”, destacó Cárdenas.

Añadió que en ese lugar, que cuenta con casas provisionales, agua, electricidad, paquetes de alimentos, atención médica y odontológica, tienen cabida 150 familias.

El asentamiento campesino de Guahory, en el centro de Paraguay, fue desalojado por última vez el pasado 3 de enero, en un procedimiento en el que se registraron varios heridos, y 12 campesinos fueron detenidos.

El pasado septiembre los campesinos fueron desalojados por más de 1.500 policías en un procedimiento que se realizó sin ninguna orden judicial y violó derechos humanos como la vivienda, alimentación, agua y seguridad, según denunció entonces la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).

Los campesinos de Guahory mantienen una disputa por la titularidad de las tierras con los colonos de la zona, en su mayoría de origen extranjero.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.