Este lunes a las 09:00 horas se llevará a cabo una manifestación pacífica frente a la sede del Ministerio de Justicia, ubicada sobre la Avda. Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos, en el centro de Asunción.

En total ocho sindicatos penitenciarios se estarán plegando a la movilización que se llevará a cabo esta mañana, la cual también se extenderá posteriormente hasta el Ministerio de Hacienda.

Las principales reivindicaciones de esta medida de fuerza son la falta de seguridad en las cárceles, el pedido de una mejor infraestructura, así como el reajuste salarial y el tratamiento del proyecto de ley que crea la “Ley Orgánica Penitenciaria” en el Congreso.

Ladislao Resquín, secretario general del Sindicato Nacional de Unidades Penales del Paraguay, en entrevista con Radio 1000 manifestó que, ante los hechos sucedidos recientemente en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapúa, cursaron una nota dirigida al ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, para que pueda recibirlos en audiencia.

“Hemos tenido una mesa paritaria con las autoridades donde solicitamos que en todas las penitenciarías se contrate a más guardiacárceles. Estamos totalmente rebasados, tenemos tan poca cantidad de guardias que es imposible sostener la cantidad de reos que tenemos en las distintas cárceles de país”, afirmó.

Según detalló, en total serían alrededor de 1.600 guardiacárceles a nivel país para atender a los más de 15.000 reclusos que se encuentran dentro del sistema penitenciario nacional.

Por su parte Miriam Orrego, miembro del Sindicato de Funcionarios Administrativos y de Seguridad de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, comentó a Radio Ñanduti que se encuentran en desacuerdo con todos los graves acontecimientos que se han registrado en los últimos tiempos y por ello decidieron impulsar esta manifestación.

“Si no nos escuchan las autoridades, veremos la posibilidad de declararnos en huelga porque esta situación es muy grave”, apuntó, confirmando que podría producirse eventualmente un paro de funcionarios penitenciarios.

La sindicalista señaló que los guardiacárceles “ya no dan abasto” y que no vale la pena arriesgar la vida “por un sueldo miserable de G. 2.800.000”. Así también, cuestionó que hasta ahora no cuentan siquiera con un seguro de vida.

A su criterio, lo mínimo que se necesita son 100 nuevos agentes penitenciarios para intentar solucionar la situación actual.

“Esperaremos como máximo 48 horas, después ya vamos a tomar medidas más drásticas porque nuestra situación es drástica y descontrolada dentro de las cárceles”, indicó Orrego.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.