El ministro de Trabajo, Guillermo Sosa, en contacto con Radio Monumental aseguró que uno de los temas pendientes por el que siguen trabajando desde el gobierno es la formalización del empleo, considerando la gran cantidad de personas que trabajan de manera informal.

Mencionó que la tasa de subempleo, entre las que se incluye a aquellas personas que no tienen un trabajo estable o que trabajan de manera informal, es más elevada que la tasa de desempleo, que actualmente alcanza un 5,3% según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“La informalidad e incluso la ilegalidad laboral es una asignatura pendiente. Paraguay tiene ese flagelo de la informalidad que no se expresa sólo en el hecho de que el trabajador no percibe el salario mínimo, sino que es más grave porque no está asegurado en el IPS”, refirió Sosa a la 1080 AM.

En ese sentido, comentó que venimos de una sociedad en la que se está acostumbrado a “trabajar en negro”, lo cual podría considerarse como un reflejo de las empresas que han estado y siguen estando de manera irregular, producto de una cultura evasora en la que no se ha querido pagar impuestos.

“Si existe una empresa evasora, tampoco se preocupa de tener a sus trabajadores en regla, considera que es oneroso pagarle más al trabajador cumpliendo las leyes”, refirió el titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Así también, comentó que existen sectores que son fuertemente afectados por la informalidad laboral, como es el caso de los guardias de seguridad.

En la actualidad existen alrededor de 45.000 guardias de seguridad, de los cuales la gran mayoría trabaja sin percibir el salario mínimo legal vigente. En muchos casos, inclusive cumpliendo más de 8 horas diarias sin que las empresas les abonen por las horas extras o sin cobrar el aguinaldo.

Tratando de combatir esa situación, el Ministerio de Trabajo ha multado fuertemente a las empresas de seguridad que no cumplan con las normas establecidas en el Código Laboral. Un total de 10 empresas fueron sancionadas con multas de entre 200 y 300 millones de guaraníes.

Guillermo Sosa refirió que también se han encargado de convocar a una mesa de trabajo entre la Policía Nacional, la Dirección de Material Bélico (Dimabel) y las empresas de seguridad para elaborar un esquema de regularización de dicho sector, apuntando a que las empresas puedan trabajar formalmente y trasladar ese grado de formalidad a sus empleados.

En los últimos años se han regularizado alrededor de 150.000 empresas que anteriormente trabajaban de forma irregular o “en negro”, según confirmó el ministro de Trabajo. Se espera que este año se sumen otras 45.000 empresas más.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.