En abril del 2012 la Junta Municipal homologó un convenio entre la Municipalidad y el canal de Sajonia. Este acuerdo, de cuatro años de duración, señala las obligaciones de Canal 9 como beneficiaria de una concesión que le hizo la Comuna para seguir usando el espacio de dominio público “correspondiente a cuatro sitios de anclaje de torre antena en el Parque Antonio López”.

A cambio de ese permiso, Canal 9 se comprometió a ceder un espacio de 70 segundos a la semana (también en Paravisión), para dos spots propagandísticos (35 segundos cada uno) de la Municipalidad, “exclusivamente para difundir información municipal de interés social y de utilidad para los ciudadanos”.

“Dicha carga en segundos de hasta 70 (setenta) por semana, se valoriza en forma referencial a un valor máximo de G. 30.000.000 (treinta millones) mensuales tarifa menos el 30 % de descuento”, indica el documento.

Además, el canal se responsabilizó en “asumir el padrinazgo de la plaza Carlos Antonio López, que incluye cooperar con la seguridad en el perímetro próximo al canal, incremento de la iluminación sobre el sector de cancha de fútbol, sanitarios y mantenimiento de los espacios verdes”.

No obstante, los vecinos aseguran que ese convenio fue realizado totalmente a espaldas de ellos y lejos de su interés. La Asociación de Vecinos y Amigos del Parque Carlos A. López desde los años 90’s vienen reclamando el desmantelamiento de la antena, que está en un predio municipal.

¿POR QUÉ UNA EMPRESA PRIVADA ESTÁ EN UN PREDIO PÚBLICO?

Según el periodista investigador y vecino del lugar, Aristides Ortiz; en 1973, previo visto bueno de Gustavo Stroessner (hijo mayor del dictador) el empresario y amigo de Alfredo Stroessner, Carlos Morínigo Delgado, “se apropió de alrededor de 130 metros cuadrados del predio del Parque Carlos Antonio López, en el Barrio Sajonia, para asentar la nueva sede de Canal 9”.

Añade el periodista que el empresario “no necesitó pedir permiso a las autoridades municipales ni firmar papeles de compra venta ni registrar el título de la propiedad ante escribanía. Sencillamente empezó a construir la sede del canal. Que es el lugar donde funciona hasta hoy”.

HARÁN FIRMATA Y EXIGEN EL RETIRO DE LA ANTENA

Óscar Pappalucca, vecino de la zona del parque, indicó que más allá de que haya cumplido o no con el convenio el canal, para la ciudadanía no redunda en ningún beneficio que una empresa privada esté en un predio público.

“Nosotros vamos a hacer una firmata y vamos a presentársela al nuevo intendente. Canal 9 tiene que mudarse de ahí, y que ese predio se invierta en algo que revierta utilidad para la comunidad, no para una empresa privada que lucre con un bien público”, significó.

La Asociación de Vecinos y Amigos del Parque Carlos A. López históricamente fue la que exigió el retiro de la antena, sus miembros hoy están a la espera del fenecimiento del convenio.

“LINDA TAREA PARA EL NUEVO GOBIERNO”

Para María Eugenia Talavera, directora de Áreas Verdes de la Municipalidad, Canal 9 cumplió con su padrinazgo y mantuvo el parque, como le exige el convenio. Para el director general de Comunicación, Jorge Daniel Sánchez, no hay razón para que no se renueve el convenio, aunque admitió que el rechazo de los vecinos será “una linda tarea para el nuevo gobierno” municipal.

“Yo creo va a ser una linda tarea para el nuevo gobierno, haciendo una audiencia pública, viendo las documentaciones existentes y actuales, en atención al cumplimiento del convenio”, singinficó Sánchez. “El convenio fenece justo en el momento en el que ellos (el nuevo gobierno) ingresa. O sea, van a tener la posibilidad de reanalizarlo”, concluyó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.