El presidente del Indert, Justo Cárdenas, se refirió este miércoles al enfrentamiento entre carperos y productores de soja ocurrido en la colonia Santa Lucía, distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná.

Cárdenas lamentó que el incidente se deba a los dos dictámenes contradictorios expedidos por las juezas Tania Irún y Eresmilda Román.

“El Indert ha recurrido judicialmente para ingresar a las tierras del Estado el año pasado. La orden judicial fue dictada por la magistrada Tania Irún, el 20 de marzo de 2014, a través de la cual se le concedió al instituto un interdicto de recuperar la posesión de aquellos lotes que se encuentran en la Colonia Santa Lucía que estaban despoblados en aquel entonces”, refirió.

Añadió que el ente rural presentó el título de esas tierras, que estaban a nombre y en poder del Estado paraguayo.

Relató que “hasta ahí íbamos bien. En el curso del mes de diciembre pasado, una jueza de Itakyry, de nombre Eresmilda Román, otorga extrañamente, de manera dudosa, un interdicto de retener la posesión a unos colonos, en función a unos recibos y a ciertos documentos administrativos que ya fueron revocados en tiempo y forma”.

Así como la institución otorgó derechos sobre esas tierras a unos colonos administrativamente, por esa misma vía revocó esos mismos derechos ante el incumplimiento del Estatuto Agrario, que establece como exigencia fundamental el arraigo y la permanencia de los colonos en sus lotes, subrayó.

El titular agregó que “no obstante a ello, se dio lugar finalmente a este interdicto de retener la posesión de manera casi ilegítima y dudosa; ahí es donde se genera un caos jurídico: cuando dos jueces se expiden sobre un mismo caso, se genera un ‘caos jurídico’ que luego permea en la convivencia de las personas”.

“Ante esa situación sucedieron los hechos el martes 13 que lamentamos muchísimo, y estamos abocados hoy en precautelar la seguridad de las personas que residen en el lugar. Rechazamos enfática y categóricamente la violencia en todas sus formas. Al mismo tiempo, el Gobierno ratifica el respeto incuestionable a la propiedad privada”, sostuvo.

HERIDOS

Cárdenas informó que los últimos datos recogidos anoche, dan cuenta de cinco heridos con balines de goma y se tuvo conocimiento de que hubo disparos con armas de fuego contra las maquinarias y el vehículo de un abogado que estaba trabajando el lugar.

”Nosotros quisiéramos que finalmente la cosecha se lleve a cabo de común acuerdo con los dueños de esas tierras. No quisiéramos más enfrentamiento entre las personas. El Gobierno está en condiciones de garantizar la seguridad pública y precautelar la integridad de cada uno de los paraguayos. Esperamos la colaboración de la ciudadanía, que es fundamental”, aclaró.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.