La ciudadana Alejandra Berdichevsky denunció en entrevista con la radio 650 AM que el gurú de las vacunas chinas, José Martínez, no paga su alquiler y tiene orden de desalojo desde hace varios años. “Estoy en un conflicto con este salvador de las vacunas. El presidente de la Cámara China no sé qué calidad de producto le puede vender al Gobierno si ni puede pagar su alquiler”, arremetió.

La denunciante indicó que el caso se encuentra judicializado y explicó que el empresario conocido por instalar cartelería traída de China hizo un contrato con ella para alquilar un depósito ubicado en Asunción, en el año 2015. La vigencia del contrato iba hasta el 2018, pero hasta la fecha el hombre sigue haciendo uso del espacio privado. Precisó que el alquiler era de G. 10 millones, que el denunciado hizo unos pagos pero luego ya no cumplió con su compromiso.

“Esta justicia es prostituta, se le paga y funciona. Hace tres años que esta persona no sale de mi propiedad, esto le hizo lo mismo al hijo de Blas N Riquelme por ocho años. Tiene varias demandas en Paraguay, que haya arreglado ya es otro problema. Cuando se te mete a una propiedad ya no quiere salir”, dijo.

La mujer aseguró por último además que el empresario presuntamente se quiso apropiar de un terreno de la Junta Municipal de Luque.

El titular de la Cámara Paraguaya China de Industria y Comercio, José Martínez, prometió al Gobierno paraguayo la posibilidad de traer 14 millones de vacunas contra el Covid-19 del país asiático, pero denunció que supuestamente habría trabas por cuestiones diplomáticas. Varios intendentes ya están negociando arduamente con el mismo para conseguir las dosis prometidas.

Otros antecedentes que posee Martínez es la inhabilitación de cuentas bancarias (años 2014 y 2015). Sobre el mismo además pesa una demanda entablada por supuesta estafa.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.