La solicitud fue realizada por el senador Juan Carlos Galaverna (ANR) de manera a establecer las normas de procedimiento y los plazos para aplicar el recurso de la “pérdida de investidura” al legislador oficialista.

El punto fue tratado en una sesión extraordinaria desarrollada inmediatamente a la convocatoria en la que se resolvió suspender por 60 días sin goce de sueldo en sus funciones de senador a González Daher.

En principio, los senadores trataron la resolución a través de la cual González Daher presentó su renuncia al JEM. Sin embargo, los legisladores lo destituyeron del cargo, anulando la resolución 10 del 11 julio de 2013.

A continuación, fue electo el senador Eduardo Petta San Martín (ANR) como reemplazante de González Daher. En principio se mocionó el nombre de Arnaldo Giuzzio quien declinó a favor del exdirector de la Policía Caminera.

La designación de Petta fue respaldada por 20 de los 29 presentes teniendo en cuenta que hubo nueve abstenciones de liberales y senadores del Frente Guasu, además del propio candidato que no se “autovotó”.

Como la resolución 10 del 11 de julio de 2013 también designaba a los miembros suplentes, los senadores eligieron a Enrique Bacchetta (ANR), Blas Llano (PLRA) y a Arnaldo Giuzzio para ocupar esas vacancias. El exfiscal ingresó por Jorge Oviedo Matto (Unace) quien estuvo ausente en la sesión.

También se resolvió conformar una comisión especial para investigar los supuestos hechos que se oyen en los audios que involucran a González Daher, su secretario Raúl Fernández Lippmann y otros legisladores.

El punto fuerte fue el tratamiento del punto en el que se solicitaba la “pérdida de la investidura” de González Daher. La senadora Desireé Masi (PDP) solicitó que el viernes 23 de diciembre se lleven a cabo dos sesiones, una para que el senador haga su descargo mientras que en la siguiente se estudie su remoción pero la iniciativa no prosperó.

Fernando Silva Facetti (PLRA), por su parte, dijo que el procedimiento debe respetar plazos y en similares términos se expresó su colega Adolfo Ferreiro (Avanza País). Finalmente, el senador Galaverna se impuso con su moción de fijar una extraordinaria para este miércoles.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.