El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, manifestó que Julio César Franco Morel, quien está preso desde hace diez años en una cárcel de Misiones por un caso de homonimia, debe ser liberado con suma urgencia. Para el efecto, este miércoles presentará un hábeas corpus reparador a favor del reo condenado por error.

Respecto al resarcimiento económico que el ciudadano puede sacar al Estado por la irregularidad, Godoy fue categórico y reveló crudamente que el mismo deberá conformarse con su libertad, ya que un juicio para conseguir dicho beneficio le resultará muy prolongado y tendrá que enfrentarse a la burocracia del Estado.

“Al ser una persona desposeída y extremadamente humilde, es difícil que pueda hacer un juicio por daños y perjuicios para pedir un resarcimiento económico, porque van a tener un juicio largo y tedioso de cuatro a cinco año, donde una vez que obtenga la victoria, va a tener que esperar la burocracia del Estado para cobrar. Esta clase de gente humilde ya se conforma con obtener la libertad, esa es la realidad que ofrece el sistema judicial”, señaló en conversación telefónica con radio Ñanduti.

NO POSEE LA FORMA DE DEMANDAR

Julio Franco está hace 10 años en la cárcel de Misiones y aun le quedan otros tres años para cumplir su injusta condena. Al mismo lo sentenciaron por un homicidio ocurrido en Caaguazú, siendo que el autor fue otra persona con su mismo nombre y apellido.

“Mucho se jugó conmigo, me rompieron todo aquí en la cárcel. Mi madre me traía para mis remedios. Yo vi homicidios aquí; pasé muchas cosas malas, pero tuve que aguantar, callar para que no me maten porque iban a decir que fui el delator. Yo solo necesito mi libertad porque mi madre es de la tercera edad y papá está en sillas de ruedas. No tengo cómo demandar a nadie”, lamentó el hombre en charla con Telefuturo.

LOS ABOGADOS LE JODIERON

A lo largo de estos años, Julio César tuvo varios abogados que únicamente le quitaron el poco dinero que tenía, pero nunca terminaban el proceso que pudo haber constatado con mucha anterioridad el error cometido por las autoridades policiales, fiscales y judiciales.

Fue tan solo hace unos días que la Fiscalía de Derechos Humanos descubrió que el ciudadano fue condenado por un caso de homonimia. Este caso saltó tras el trámite realizado para que el hombre obtenga su cédula de identidad “renovada” de modo a poder conseguir la libertad condicional. Grande fue la sorpresa al constatarse que el sujeto en cuestión nunca tuvo C.I. con anterioridad y que sus huellas dactilares no coincidían con el expediente donde figuraba su caso.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.