“La casa del horror” ubicada en las calles Las Palmas 342, del barrio Mbocayaty, de Ñemby fue donde encontraron a Cecilia Cubas. El sitio estuvo en todo tiempo habitado por los secuestradores quienes llevaban una vida normal, para no levantar sospechas en el vecindario. Se cree que Magna Meza y Osvaldo Villalba, eran los que vivían en ese lugar.

Cecilia fue dormida con un sedante y enterrada viva en la casa donde los secuestradores cavaron un pozo, la víctima cuando fue encontrada ya tenía unos 45 días de muerta, según los estudios forenses. Se cree que la mataron entre el 24 y 30 de diciembre de 2004. Entre esas fechas la vivienda fue abandonada por los secuestradores, quienes simularon que fueron a pasar las Fiestas de Fin de Año al interior del país, para no levantar sospechas, pero nunca más volvieron.

Cecilia Cubas, de 31 años, el 21 de septiembre de 2004 a la tarde regresaba a su casa ubicada en la zona de Laguna Grande, San Lorenzo a bordo de su camioneta, pero a cuatro cuadras antes de llegar un vehículo le cerró el paso.

Un fusilero salió apuntó al motor del rodado y realizó dos certeros disparos que inmovilizaron la camioneta, este hombre según las investigaciones es Lorenzo González Martínez, quien hace dos semanas fue extraditado desde el Brasil, donde había sido capturado en el 2017 y ahora debe afrontar juicio oral.

Una vez que Cecilia no pudo más huir, otros miembros de la banda de secuestradores la sacaron a la fuerza de su camioneta y la metieron a otro rodado, para después huir del sitio.

Estaba en marcha el secuestro de la hija mayor del expresidente de la República Raúl Cubas y de la ex senadora Mirtha Gusinsky. Los hombres que se llevaron a la joven varios días después se comunicaron con la familia y pidieron un millonario rescate. El 12 de noviembre de 2004 se pagó US$ 300.000, pero los captores dijeron que eso no era parte del rescate, sino una especie de multa por el retraso en abonar el dinero requerido.

“La fruta”

Después de eso poco o nada ya se supo de los secuestradores, quienes ya estaban más ocupados en comunicaciones con miembros de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) que los asesoraban en cómo manejar el secuestro. Rodrigo Granda, uno de los líderes de este grupo criminal colombiano fue el que a través de correos electrónicos daba las órdenes de cómo negociar el secuestro de Cecilia Cubas a quien la identificaban como “la fruta”.

Con las posteriores incautaciones de equipos de los secuestradores, uno de esos correos no fue borrado y se rastreó el IP que llevó hasta Granda y se recuperaron muchos de los textos, por eso se supo que en una asamblea se decidió la muerte de Cecilia. “La fruta” se está pudriendo decía, uno de los textos y se recomendaba deshacerse de la misma y por eso a finales de ese año 2004, se decidió hacer una fosa en la casa de Ñemby y ahí se depositó a la víctima.

El médico forense Pablo Lemir había realizado la autopsia del cuerpo de Cecilia Cubas y confirmó que la causa de la muerte fue asfixia y que los secuestradores le dieron una fuerte dosis de disomnilan a la joven para dormirla luego le cubrieron la nariz y la boca con cinta de embalaje, para ser posteriormente enterrada viva.

“La casa del horror” fue descubierta, pero ya tarde por los policías quienes solo pudieron rescatar a Cecilia sin vida y en total estado de putrefacción. Sin embargo una buena labor de investigación hizo que se puedan ir atando cabos y llegando a casi todos los que participaron en el secuestro y muerte de Cecilia.

Actualmente existen unas 20 personas condenadas por este hecho entre penas que van de 5 a 35 años de cárcel, sin embargo el proceso sigue abierto por que hay varias personas todavía prófugas, algunas en el exterior que al ser detenidas serán sometidas a un proceso de extradición.

Osmar Martínez, líder de esta banda que secuestró a Cecilia Cubas, fue condenado a 35 años de cárcel, murió en prisión en el 2015, mientras el resto de los condenados, algunos ya pagaron sus penas y otros siguen presos.

Este fue el primer secuestro y muerte que cometió el EPP, que en un principio fue el Partido Patria Libre, pero que luego mutó a convertirse en grupo criminal que se dedica a cometer secuestros extorsivos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.