En charla con HOY, la docente afectada manifestó que posee todos los documentos del llamado a concurso que realizó el MEC entre los meses de mayo y agosto del año pasado, cuando ella resultó ganadora para cubrir una vacancia por jubilación en el colegio Carlos Antonio Lopez de Villeta, de 144 horas cátedras.

En los documentos proveídos por la denunciante, se confirma que bajo el código 81.986 estaba disponible dicha cantidad. Sin embargo, al ingresar al portal del MEC solo vio que le adjudicaron 72 horas, pese a que está dando clases ya desde junio en todas las cátedras ganadas pero sin percibir el salario correspondiente.

“Yo trabajo gratis desde junio. Sigo viniendo por mis alumnos. Además yo renuncié a mis horas cátedras en la ciudad de Itá para poder acceder al colegio en Villeta porque me quedaba más cerca de mi residencia”, dijo.

El 21 de septiembre del 2018, la directora de dicha institución Ema Beatriz Casanova remitió una nota a la Supervisión para informar sobre la irregularidad con la maestra afectada y el 1 de octubre envió otra similar al no tener respuestas en la primera.

El 10 de octubre, la docente y la directora de la casa de estudios mandaron otra nota al departamento de Educación. El 5 de noviembre de 2018 y luego el 1 de abril del 2019 la profesora envió otras notas similares, pero tampoco consiguió respuestas.

Nilda sigue esperando una solución por parte del Ministerio de Educación, mientras tanto da clases de manera gratuita en las horas cátedras que no posee rubro.

Al margen de esto, innumerables instituciones educativas del país están sufriendo a causa de la desidia del MEC al no prever los reemplazos de los docentes que pasaron a jubilarse. Unos 40.000 estudiantes están sin dar clases a causa de esta irregularidad.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.