Hace unas horas se produjo el hallazgo del cadáver de un hombre en uno de los departamentos que forman parte del complejo habitacional San Francisco.

La persona fallecida fue identificada como Julio César Riquelme, de 53 años, quien se encontraba tendido en el suelo sin signos de vida.

El suboficial Saúl Solís manifestó a NPY que acudieron a la vivienda tras la denuncia de vecinos que alertaron sobre un olor nauseabundo que emanaba del lugar.

Si bien a simple vista no encontraron rastros de violencia, hay ciertos detalles que llamaron la atención, como la presencia de sangre cerca del cuerpo, el hecho de que la puerta de la habitación estaba llaveada por fuera y con la llave puesta por el cerrojo.

Estos detalles hacen presumir a los pobladores y allegados que pudo haberse tratado de un presunto homicidio, aunque la autopsia a la que será sometido finalmente determinará cuál fue la causa real de la muerte.

Teniendo en cuenta el avanzado estado de descomposición que presentaba el occiso, se presume que Riquelme -de profesión chef- llevaba muerto varios días. El mismo vivía solo en la casa.

Lidia Ortega, su concuñada, dijo sospechar que Riquelme pudo haber sido asesinado, teniendo en cuenta que debía cobrar algo de dinero por su jubilación y además que ya había sido visitado anteriormente por adictos que le robaron objetos de valor.

Se dispuso el traslado del cadáver a la morgue para realizar la autopsia y así poder determinar las circunstancias de la muerte.

Unos 200 estudiantes no pudieron iniciar sus estudios debido a la falta de compromiso por parte de la Gobernación de Central con las universidades privadas, por lo que, anunciaron una movilización.

Desde la Gobernación argumentaron que el desembolso de los pagos no pudo realizarse debido a una deuda millonaria que se acumula desde hace 2 años.

Según el concejal departamental, Jesús Guaspi, tras la amenaza de los alumnos, la Gobernación informó que estos universitarios, supuestamente, ya están habilitados para matricularse.

“Hoy no sé como tan rápido después de que se haga la denuncia a través de los medios, redes sociales, hoy pudieron saldar algo que a según ellos, es una deuda enorme”, expresó al canal GEN/Nación Media.

Guaspi adelantó que solicitará informes a la gobernación sobre los documentos que guardan relación con la administración de las becas y, a partir de allí, iniciar una investigación sobre lo que realmente ocurrió.

En un video divulgado a través de redes sociales, el presidente de la República destacó los últimos resultados en cuanto a la reducción de los índices de pobreza en nuestro país.

Según señaló el mandatario, en el actual gobierno se ha logrado sacar de la pobreza a cerca de 270.000 compatriotas, mientras que más de 91.000 personas han salido de la pobreza extrema.

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Dichos datos se reflejan en el último informe dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que constantemente realiza evaluaciones y encuestas a miles de familias para obtener números actualizados.

Según Peña, este logro se debe a las políticas firmes impulsadas bajo su administración y al compromiso de priorizar a las personas. “Detrás de cada número hay una historia, una familia, un sueño que vuelve a nacer”, expresó.

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“Son cifras que nos motivan, pero que sobre todo nos comprometen a seguir trabajando con más fuerza”, enfatizó el titular del Ejecutivo en el audiovisual.

A su vez, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, complementó este anuncio divulgando estadísticas que revelan la disminución en las cifras de pobreza en los últimos años.

Agustín Encina, director nacional de Contrataciones Públicas, informó que concluyó la investigación sobre la licitación de pupitres de la Municipalidad de Ciudad del Este y se resolvió anular el proceso de contratación en lo relacionado a la etapa de construcción de precios.

“Se ha comprobado fehacientemente que los precios referenciales han sido mal construidos y las denuncias fueron desechadas por falta de rigor”, confirmó Encina, en una entrevista radial con la 730 AM.

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Explicó que tres empresas comparecieron para reconocer que presentaron sus presupuestos de manera errónea, debido a que la municipalidad les envió un correo con un archivo adjunto vacío, lo que provocó que interpretaran que se solicitaba cotizar los pupitres del modelo tradicional del MEC: madera terciada de cedro con acero, cuando en realidad, la Intendencia pretendía mobiliarios de melamina y polipropoleno con acero al carbono.

“Habiendo reconocido tres empresas proveedoras que han realizado de manera errónea sus precios referenciales, eso produce que el procedimiento no pueda continuar, motivo por el cual la DNCP dispuso la anulación de ese proceso de precios referenciales”, indicó.

Esta suspensión, sin embargo, no impide el retorno a la fase de construcción de precios para el reinicio del proceso de adquisición.

Fiorella Muebles de Alfredo Aniano González, Grupo L&J de Marcos Antonio Lopez, e Intelfly S.A son las empresas que confirmaron el envío de un presupuesto equivocado, ante la confusión generada por la comuna esteña.

Con esto, la narrativa articulada por Prieto, al decir que consiguió lpor 20 dólares los mismos pupitres de Itaipú obtuvo por 100 dólares, cae estrepitosamente.