El portal argentino Clarín publicó que el niño -que ahora tiene 11 años- fue encontrado en la localidad de Atyrá, donde vivía con su madre Milda Ramona Galeano Aquino, de nacionalidad paraguaya, quien quedó detenida por un pedido de extradición.

Lilian Andrada de Córdoba, abuela paterna del niño, inició en 2006 una batalla legal para que su nieto fuera restituido después de que la madre biológica se lo llevó país y reclamó la intervención en el caso de la presidenta Cristina Fernández mediante el envío de 1.300 cartas a la Casa Rosada, que según aseguró nunca tuvieron respuesta.

Después de nueve años sin verlo, la abuela y el padre biológico, Javier Córdoba, se reencontraron hace dos semanas con el niño en un juzgado en nuestro país. “Cuando estábamos entrando al juzgado Javier lo vio desde la calle. Cuando lo vi lloré, nos abrazamos los tres y lloramos. Él estaba tímido y cuando le preguntábamos algo miraba a la tía como pidiendo permiso para contestar. Le pude decir que lo queríamos y le pregunté si sabía que el papá lo buscó siempre y nunca lo abandonó, y me respondió que no”, dijo la abuela.

El niño vivía con su madre, de nacionalidad paraguaya, y su padre argentino junto a la abuela paterna en una vivienda de la localidad bonaerense de Paso del Rey. El padre y la abuela del niño denunciaron que durante el almuerzo del 21 de enero de 2006 Galeano Aquino los durmió con un somnífero que les puso en una gaseosa y se llevó al menor.

La familia paterna vivió cinco meses en la embajada argentina en Asunción para encontrar al niño, quien ahora está bajo el cuidado de una hermana de la madre y con custodia policial.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.