Una conversación netamente técnica se desarrolló ayer en Buenos Aires, en la sede de la Embajada de Brasil en Argentina.

Desde el 24 de agosto, los países del Mercosur analizaron las ampliaciones y aclaraciones entregadas por Argentina, en relación a los argumentos para el cobro del peaje.

Las cuatro delegaciones se tomaron todo este tiempo para estudiar esos documentos y ayer plantearon sus posturas al respecto.

Paraguay se ratificó en que, los datos que contenía esta información adicional entregada por Argentina, no permitían deducir con meridiana claridad que existieran costos que pudieran justificar el cobro de una tasa

“Ellos introducen un nuevo concepto en que gastan mucho dinero en intentar determinar un nuevo curso de agua, una cuestión medioambiental”, comentó el director de Puerto, Julio Vera, en un contacto con radio Universo 970 AM- Nación Media.

El Tratado establece en su artículo 9 que, se puede reconocer una tasa en función directa a trabajos efectivamente realizados. Al respecto, el ingeniero indicó que se ha demostrado que desde el 2019, Argentina no ha hecho un solo dragado en ese tramo.

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La etapa del análisis técnico, que corresponde a la Comisión del Acuerdo, ya está precluida y solamente falta abordar el conflicto en el órgano político, que es el CIH (Comité Intergubernamental de la Hidrovía)

“Si en esa instancia no llegamos a un acuerdo, que yo creo que no vamos a llegar, entonces, el siguiente paso es la reunión de cancilleres de los países de la Cuenta del Plata, que son los signatarios y a partir de ahí, solicitar el arbitraje”, confirmó el director.

Cada país en controversia nombrará un árbitro y los dos árbitros designados se pondrán de acuerdo para elegir como presidente del Tribunal a un nacional de otro país, sea o no signatario del Acuerdo.

Los árbitros, que deberán ser juristas de reconocida competencia, serán nombrados en el plazo de 15 días y el Presidente en 30 días a partir de la comunicación de recurrir al arbitraje.

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Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.