Los hijos del presidente de la Cámara de Diputados, Enzo Miguel y Raúl Adilson Cuevas Florentín, fueron incluidos en la investigación fiscal por supuesto enriquecimiento ilícito que afronta el padre de ellos, Miguel Cuevas.

De acuerdo con el Ministerio Público, los afortunados herederos están bajo la lupa en carácter de cómplices por los bienes que suscribieron a sus respectivos nombres.

El dudoso origen de la fortuna que acumuló el actual diputado durante sus años en la función pública y que maquilló en parte como “herencia por adelantado” para su hijos ahora pone bajo sospecha a varios integrantes de la familia.

Existen pruebas contundentes de millonarias tragadas en la Gobernación de Paraguarí y bienes que superan ampliamente los ingresos de Cuevas como funcionario público, pero hasta ahora no existe una imputación.

En el caso de Enzo Cuevas, funge de exitoso terrateniente con los bienes que le transfirió el padre. Al menos 6 inmuebles donde erigieron imponentes granjas dotadas de infraestructura moderna forman parte del patrimonio del joven gracias a la herencia que recibió. Hasta la fastuosa residencia de 2.500 m2, valuada en unos G. 1.000 millones, ubicada en Sapucai, fue inscripta por el joven en el 2014.

Por su parte, Raúl Adilson Cuevas es un joven estudiante de la carrera de veterinaria y gracias a la “exitosa” vida política de su padre, tiene registradas a su nombre 201 cabezas da ganado de pura raza, de acuerdo con los registros del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Solamente entre Miguel y Raúl Cuevas tienen un lote de ganado de 940 cabezas de animales vacunos.

El pasado viernes, el Ministerio Público, encabezado por la fiscala Irma Llano, realizó dos allanamientos en las dos estancias de Miguel Cuevas que tiene en Sapucai, una en la compañía Cerro Rokê y otra en la compañía Yarigua’ami. Sin embargo, no se hizo lo mismo en su lujosa vivienda de Sapucai, donde se podría acceder a papeles muy importantes como documentos bancarios, etc.

El diputado Cuevas es investigado por sospechas de enriquecimiento ilícito y lesión de confianza en su administración como gobernador de Paraguarí entre el 2013-2018. La causa ya se inició en setiembre pasado, pero el hombre fuerte de Colorado Añetete consiguió dilatar la investigación en su contra mediante chicanas. La causa arrancó con la fiscala Josefina Aghemo, quien fue recusada por la defensa y ahora está a cargo de Irma Llano.

Según el denunciante de la causa, el concejal de Ybycuí, Ezequiel Cáceres, existen todas las pruebas para que el legislador sea imputado. Además, agregó que los escraches frente a la vivienda de Cuevas pidiendo su imputación continuarán, como así también frente a las casas de las autoridades del Ministerio Público si continúan dilatando la imputación.

PIDEN INVESTIGAR CASO DE ESTAFA

La comisión vecinal del asentamiento Nueva Esperanza, del barrio San Francisco de Carapeguá, insiste en avanzar con la denuncia por estafa contra el presidente de la Cámara Baja por la compra de caños por unos G. 58.500.000. Según la acusación que presentaron, se hizo figurar la entrega del producto, pero los vecinos no recibieron nada.

El asesor del grupo vecinal, Éver Rodríguez, explicó que durante la administración de Cuevas, entre el 2016 y 2018, se retiraron caños para el asentamiento, pero los materiales en realidad nunca llegaron.

Además, explicó que durante los últimos días de intensa lluvia que se registró algunas viviendas de la zona sufrieron inundaciones a consecuencia de la poca eficacia del desagüe pluvial. Si Cuevas hubiera realizado las inversiones requeridas, esta situación podría haberse evitado, según el asesor de los vecinos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.