La fiscal Laura Guillén obtuvo la condena a 29 años de prisión para Andrés Armoa por la comisión del hecho punible de Feminicidio y Producción de Riesgos Comunes.

Los antecedentes de la investigación refieren que el 21 de agosto del año 2019, el hombre llevó a su esposa hasta el hospital de San Lorenzo porque recibió un disparo a la altura del pecho.

En principio, dijo que fue un asalto, sin embargo tras la presión de los efectivos policiales, quienes se percataron de que el mismo cayó en varias contradicciones, terminó confesando el hecho.

En el juicio se probó que Armoa mató de un disparo a su concubina, madre de sus dos hijos, el 21 de agosto de 2019 a las 14:30 horas. Después de una hora de haberla ejecutado, la traslado hasta el Hospital de Calle’ i de San Lorenzo y asi no al Hospital de Ñemby que se encontraba a 5 minutos de la vivienda.

La victima llegó al centro asistencial ya sin signos de vida. El acusado primeramente refirió que su concubina fue víctima de motochorros, pero ante la presencia de los agentes policiales expresó que accidentalmente disparo a su señora.

Con el informe y el testimonio de la médico forense, María Tottil, se probó que la víctima fatal se encontraba sentada o arrodillada al momento de ser ejecutada.

Igualmente, con el informe y el testimonio de la subcomisario Patricia Piris, del Laboratorio Criminalística de la Policía Nacional, se comprobó la existencia de Nitrito y Nitrato en la herida de la víctima, lo que prueba que el arma se encontraba máximo a 70 cm de la ella al momento del disparo, además, de la presencia de plomo en las manos del acusado.

Con los testimonios de los intervinientes, se comprobó que efectivamente en la vivienda de la pareja, por el desorden hallado, existió una discusión y pelea previa. También se encontraron tres armas de fuego, una calibre 22 escondida en el techo de la casa (arma utilizada para perpetrar el hecho), dos escopetas y varias municiones.

Finalmente, con la declaración de familiares y vecinos, se confirmó que la fallecida era frecuentemente víctima de violencia física y psicológica por parte del acusado, quien constantemente la amenaza de muerte intimidándola con el arma de fuego en mano.

El Tribunal de Sentencia estuvo conformado por las Doctoras Rilsy Ortiz, Victoria Ortiz y Pedro Nasser

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.