El fiscal Rogelio Ortuzar obtuvo una condena de 20 años de cárcel, más 5 años, como medida de seguridad, para el procesado Walter Tadeo Caballero Giménez, quien fue hallado culpable de la comisión del hecho punible de homicidio doloso, del cual resultó víctima Roque Marcelo Fernández Balbuena.

El fiscal imputó a Caballero Giménez, de 37 años, por el hecho punible de robo con resultado de muerte en calidad de autor, luego de que el 18 de junio de 2021, ingresó al Club Coronel Escurra del barrio Obrero de Asunción, en donde estaba la víctima compartiendo con algunos amigos luego de una jornada de fútbol.

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Caballero Giménez solicitó algo para comer y luego preguntó quién era el dueño del vehículo marca Toyota, modelo Funcargo, chapa BUU186, que se encontraba estacionado afuera.

La víctima le dijo que él era el propietario del rodado y luego el agresor sacó un arma y ordenó a los presentes que se tiren al suelo. Caballero Giménez golpeó al fallecido en la cabeza con la culata de su arma, intimándole a que le entregue la llave del rodado.

Fernández Balbuena entregó la llave, estando en el suelo, sin oponer resistencia, sin embargo, Caballero Giménez de igual forma apuntó a la víctima y lo hirió de muerte en la espalda.

Luego gatilló con su arma de fuego contra los otros hombres que estaban en el sitio, pero la pistola no funcionó. Luego el homicida escapó del sitio a bordo del rodado, pero fue identificado mediante las imágenes el circuito cerrado de video.

El tribunal presidido por el juez Héctor Capurro en el juicio oral y público condenó a Fernández Balbuena a 20 años de cárcel, más 5 años de medida de seguridad.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.