Una planta procesadora de oxígeno ya está instalada en el Hospital de Trauma y permitirá asegurar la provisión del soporte vital a los pacientes del centro asistencial de referencia. La inversión de G 3.890 millones incluye la instalación, provisión y puesta en marcha de la planta, con un mantenimiento y asistencia técnica de dos años.

“Nos da la posibilidad de depender de nosotros mismos y eso nos brinda una seguridad inusitada y permanente para nuestros pacientes porque la mayoría son de escasos recursos y no tienen la alternativa de que si no le damos algo buscar en otros centros hospitalarios donde los precios no están a su alcance”, afirmó el doctor Aníbal Filártiga, director del Hospital del Trauma.

Explicó que el fin de semana es cuando tienen mayor cantidad de pacientes pero con que cinco requieran de oxígeno ya es importante poder proveerles el oxígeno necesario para que sigan con vida. “Imagínense no proveerles a esos cinco, se mueren porque el respirador deja de recibir oxígeno y es un elemento insustituible”.

Afirmó que pese a las constantes amenazadas, los proveedores no suspendieron el servicio por falta de pago, situación que sería imperdonable pero ya no será una incertidumbre al contar con una planta propia.

Otro fundamento para implementar esta estrategia es la relación costo/beneficio para el Estado Paraguayo, considerando que actualmente el costo mensual promedio en el último año (Junio 2017/ Junio 2018) de la cobertura de oxigenoterapia en el Hospital de Trauma se estima en G. 215.000 millones. Según los montos pagados mensualmente, se terminaría de amortizar en los próximos 18 a 20 meses.

Esta es la segunda procesadora instalada en Salud Pública, la primera ya funciona en el INERAM y existe la posibilidad e instalar una tercera, en breve en otro centro asistencial de referencia.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.