El abogado Juan Sosa Bareiro, dirigente del equipo gremial “Convergencia”, en entrevista con Radio Ñanduti indicó que en la jornada de ayer presentaron una nota ante el Congreso Nacional instando a que se concrete la no aprobación de la terna para la Corte.

Por consiguiente, solicitan que la Cámara de Senadores, en uso de sus facultades y aplicando su propio reglamento interno, se encargue de reenviar los nombres de María Carolina Llanes, Linneo Ynsfrán y Alma Méndez de vuelta al Consejo de la Magistratura.

Según refirió, durante la conformación de la terna han detectado “una abierta violación a la Ley de Transparencia”, esto debido a que la sesión en la que se asignaron los puntajes de los postulantes se hizo de manera reservada y sin transmisión en vivo, lo cual genera sospechas innecesarias a todo el proceso.

Al citado cuestionamiento se le suma el hecho de que en la sesión del Consejo de la Magistratura, los puntajes otorgados permitieron que algunos de los postulantes que se encontraban en lugares inferiores de la lista pudieran llegar a los primeros lugares.

Atendiendo a estas circunstancias, Sosa Bareiro considera que se pudieron haber “acomodado” los puntajes para beneficiar a algunos de los candidatos, esto sin poder justificar con claridad dicha decisión. “Esto es ilegítimo, fue una injusticia”, afirmó.

Por su parte, el senador Antonio Barrios (ANR) dijo que lo que ellos critican es el procedimiento por el cual se realizó el juzgamiento y nombramiento de los ternados por parte del Consejo. “Fue una manera muy rara y bastante oscura, acá hay mano negra”, indicó.

Al igual que el abogado de Convergencia, también cuestionó el hecho de que aquellos que estaban en puestos más bajos hayan “aparecido sorpresivamente” en los primeros lugares de la lista final sin motivo alguno, además de que se haya cortado la transmisión de la sesión ordinaria.

“Estamos haciendo el reclamo para que la ley se cumpla y para cumplir eso la terna debería ser devuelta al Consejo, debería ser rechazada por el Senado”, afirmó el parlamentario colorado.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.