Hasta que el Poder Legislativo trate el aumento del 5 % de reajuste salarial que falta para completar el 16 % exigido, los docentes mantendrán en pausa la huelga iniciada el 1 de octubre.

Este lunes retornarán a clases, pero volverán a las calles “en cualquier momento” y la decisión final la tomarán cuando el Congreso apruebe o rechace el incremento solicitado por los gremios.

Así lo anunciaron los referentes de la FEP y de la OTEP este mediodía, en una conferencia de prensa en la que además manifestaron su total indignación por el anuncio del MEC, de descuentar por días no trabajados.

Según Silvio Piris de la FEP, el reclamo se respalda en un acuerdo firmado en el 2016, ratificado en el 2017, en donde se estableció un aumento escalonado anual hasta llegar al salario básico profesional que, de una sola vez, implicaba un desembolso de 500 millones de dólares.

Debido a esto, se estipularon cuatro etapas, de las cuales, se cumplieron dos. Posteriormente, el proceso se interrumpió en el 2020, pero se suspendió debido a la pandemia. Debía reanudarse en el 2021, pero la peor etapa de la emergencia sanitaria llegó este año, por lo que tampoco pudo completarse el porcentaje.

Sin embargo, un artículo de la legislación señalaba que, si los niveles de recaudación llegaban al 15 %, se podría cumplir con el acuerdo, el cual finalmente no llegó, debido a la alta demanda de recursos para el sector sanitario.

El Ministerio de Educación dispuso un reajuste del 8 % desde el 1 de octubre pasado, con el que los docentes pasaron a ganar G. 2.916.000 por cada turno de cuatro horas. En esa fecha inició la huelga en exigencia del 16 %. Ante la persistencia de la medida de fuerza, las autoridades elevaron ese incremento hasta el 11 %, pero los maestros rechazaron la oferta y mantienen la medida de fuerza, por lo que los estudiantes siguen sin clases.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.